De los 35 planes de gobierno presentados para las elecciones de 2026, siete proponen metas de creación de empleo que implicarían más que duplicar el ritmo de generación de puestos formales registrado en la última década: 146,000 empleos por año.
Así lo advierte el Instituto Peruano de Economía (IPE) en un informe que analiza las propuestas laborales y de formalización de los partidos en carrera.
El diagnóstico de partida es complejo. En 2025, el empleo formal creció a su mayor ritmo en más de una década y los ingresos superaron por primera vez su nivel prepandemia.
Sin embargo, el empleo juvenil acumula una caída de cerca de 370,000 puestos frente a 2019, y 7 de cada 10 trabajadores del sector privado siguen en microempresas, casi todos en la informalidad.
Lo que proponen los planes y lo que omiten
El IPE identificó que 25 partidos contemplan incentivos para la formalización, principalmente mediante reducción de impuestos a las MYPE y subsidios condicionados a la contratación formal.
Otros 23 planes apuestan por la simplificación administrativa a través de ventanillas únicas digitales para trámites como el registro de empresa, obtención del RUC y licencias municipales. Dieciséis planes proponen simplificar los regímenes tributarios, y solo seis incluyen acompañamiento contable gratuito para MYPE.
Sin embargo, los vacíos son llamativos. Pese a la caída del empleo juvenil, 14 partidos no presentan ninguna medida orientada a este grupo. De los que sí lo hacen, 11 proponen empleos temporales en el sector público, y solo 15 se enfocan en formación a través de becas, capacitación o modelos de educación dual.
Cuatro partidos no presentan medidas concretas para promover la formalización y, en algunos casos, plantean propuestas que generarían mayor rigidez regulatoria.
El IPE identifica entre ellos al Partido de los Trabajadores y Emprendedores, a Perú Libre y a Juntos por el Perú, que proponen nuevas leyes laborales o constitucionales sin precisar sus alcances ni impacto fiscal.
El problema estructural: Costos laborales más altos de la región
El informe señala que uno de los principales frenos a la contratación formal son los sobrecostos laborales no salariales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos representan el 72% del salario formal promedio en el Perú, frente al 51% de la media regional.
Las indemnizaciones por despido y las gratificaciones más que duplican lo observado en Chile y Colombia.
Pese a ello, solo siete planes contemplan explícitamente reducir estos costos, y en su mayoría de manera temporal.
Respecto al salario mínimo (RMV), el IPE recuerda que 13 de los 15 incrementos desde el año 2000 respondieron a factores políticos antes que técnicos. En ese contexto, cuatro partidos —Cooperación Popular, Fuerza y Libertad, Juntos por el Perú y Venceremos— proponen aumentos discrecionales, mientras que solo cinco plantean crear mecanismos técnicos para su actualización periódica.
La conclusión del IPE es que sin una agenda de formalización seria que ataque los sobrecostos, simplifique regímenes y mejore la formación laboral, cualquier meta de empleo quedará solo en el papel.