El primer ministro, Luis Galarreta, informó ante el Congreso que el Ejecutivo prevé autorizar 240 proyectos mineros durante este año.
La meta forma parte de la política del Gobierno de Keiko Fujimori para impulsar la inversión privada y reforzar el papel de la minería en la economía peruana.
La apuesta busca que la reducción de los tiempos administrativos contribuya a movilizar una cartera minera de US$33,000 millones durante el actual mandato.
Según el Ejecutivo, el sector privado asumirá el financiamiento de los proyectos, mientras que el Estado deberá garantizar seguridad jurídica y permisos previsibles.
Gobierno busca reducir la burocracia minera
Según explicó Galarreta, las empresas privadas serán las principales responsables de ejecutar las inversiones.
En tanto, el Estado buscará ofrecer mayor seguridad jurídica y previsibilidad en la entrega de permisos.
Para ello, los funcionarios deberán reducir retrasos y evitar que un mismo trámite sea evaluado mediante procedimientos que se superponen. El objetivo es que las decisiones se adopten dentro de los plazos previstos.
El Gobierno plantea así una mayor rapidez en la ejecución de proyectos sin eliminar las exigencias ambientales y sociales.
La medida busca atender uno de los principales obstáculos que enfrenta la inversión minera: los largos procesos administrativos antes de iniciar una operación.
Perú busca fortalecer su posición minera
La estrategia tiene especial relevancia para Perú, uno de los principales productores mundiales de cobre.
El Ejecutivo considera que acelerar nuevos proyectos permitirá aprovechar la demanda internacional de minerales y atraer capital privado.
Además, el Gobierno pretende que la inversión minera forme parte de una agenda más amplia para mejorar la ejecución de grandes proyectos y promover una inversión considerada responsable.
No obstante, el desafío será convertir los permisos aprobados en proyectos efectivamente ejecutados.
Para ello, además de reducir la burocracia, será necesario mantener condiciones de seguridad jurídica y atender los aspectos sociales y ambientales vinculados a las operaciones.
Hong Kong también está en la agenda comercial
La estrategia del Gobierno no se limita al sector minero. Galarreta afirmó que Perú mantendrá la apertura comercial como una política de Estado y buscará nuevos acuerdos para ampliar sus mercados.
Entre las prioridades figura la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Hong Kong, firmado en Lima en 2024, pero que todavía no se aplica.
El Ejecutivo también pretende impulsar las exportaciones regionales y fortalecer la posición de Perú como un punto de conexión entre Sudamérica y Asia-Pacífico.
De esta manera, la administración de Fujimori busca combinar una mayor inversión minera con una agenda de apertura comercial.
La meta de fondo es atraer capital, ampliar las exportaciones y reforzar el papel de Perú como destino para inversiones vinculadas al comercio y los servicios.