La Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) coordinaron este lunes una respuesta judicial ante la crisis que afectó la jornada electoral del domingo: dos funcionarios fueron arrestados en flagrancia y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue denunciado penalmente por tres delitos.
La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) detuvo en su domicilio a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Samamé había presentado su renuncia a Corvetto minutos antes de ser capturado, maniobra que no impidió su detención. Era el funcionario responsable directo de coordinar la distribución de actas, cédulas, urnas, computadoras y demás materiales en los locales de votación.
En Trujillo, efectivos de la Comisaría de Ayacucho arrestaron a Yamiles Zaora Velásquez Mejía, de 22 años, fiscalizadora del JNE, acusada de romper 18 cédulas de sufragio válidas durante el escrutinio en la mesa 028482 del Colegio Antonio Raimondi.
Las autoridades precisaron que actuó fuera de sus facultades funcionales al intervenir directamente en el material electoral durante el conteo de votos.
Las tres acusaciones contra Corvetto
La Procuraduría Pública del JNE denunció formalmente a Corvetto por omisión de actos funcionales —el mismo cargo que afronta Samamé—, además de atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
En el documento, la entidad señala que «a pesar de que la crisis logística y tecnológica era de conocimiento de la ONPE incluso hasta momentos previos al inicio de la jornada electoral, el denunciado mantuvo una conducta omisiva sistemática». La Contraloría de la República le había remitido dos informes previos alertando sobre las demoras en la distribución de materiales.
El intento de culpar a Galaga SAC
Corvetto intentó atribuir a la empresa proveedora Galaga SAC la responsabilidad por las mesas no instaladas el domingo. Sin embargo, un comunicado de la compañía y los informes de la Contraloría contradijeron esa versión.
«Las demoras registradas no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa», respondió Galaga.
Fuentes de la cúpula policial indicaron que, durante la misma jornada del domingo, el comandante general Óscar Arriola evaluó si correspondía arrestar a Corvetto por flagrancia.
Lo que evitó su detención inmediata fue que el JNE lo convocó a una reunión en la que se acordó extender el horario de votación hasta las 6 p.m., sumado al temor institucional de desatar un escándalo de repercusión internacional.