El Gobierno oficializó la nueva Ley Agraria Nº 32434, que busca modernizar el sector agrícola, fomentar la inversión y mejorar la competitividad. La norma incluye beneficios tributarios, incentivos a la asociatividad y mayor protección social para los pequeños productores.
Beneficios para empresas agrarias
Las empresas agroexportadoras tendrán una tasa del 15% en el Impuesto a la Renta (IR) hasta el año 2035. También accederán a un régimen especial de depreciación del 20 % anual en obras de infraestructura hidráulica y de riego realizadas entre 2026 y 2035.
Además, la norma otorga una deducción adicional del 25 % sobre el valor de los productos comprados a pequeños productores inscritos en el Padrón de Productores Agrarios. Este beneficio aplicará desde 2026 hasta 2035.
Régimen tributario para pequeños productores
La Ley Agraria establece un esquema diferenciado de Impuesto a la Renta (IR):
- Ingresos anuales iguales o menores a 30 UIT: inafectos al IR.
- Ingresos entre 30 y 150 UIT: se pagará el 1.5 % sobre el exceso de 30 UIT.
- Ingresos mayores a 150 UIT: deberán declarar como empresa agraria.
Este sistema busca aliviar la carga tributaria y fomentar la formalización en el sector rural.
Seguridad jurídica en la propiedad de tierras
La norma asegura mayor protección a la propiedad agraria, garantizando el libre acceso a tierras para personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. No habrá limitaciones por extensión ni por cambios de titularidad, salvo en zonas de frontera, donde aplica el artículo 71 de la Constitución del Perú.
Para conectar a los productores con el mercado, se crea el distintivo “Cómprale al Pequeño Productor Agrario”, que será licenciado gratuitamente por el Midagri a organizaciones inscritas en el Padrón.
Asimismo, se implementa un Sistema de Promoción y Financiamiento para mejorar la competitividad, el acceso a mercados locales e internacionales y generar empleo formal en zonas rurales.
Un paso hacia la agricultura moderna
La Ley Agraria refuerza la importancia del sector como motor de desarrollo económico y social. Su aplicación no solo beneficiará a las grandes empresas, sino que también apunta a fortalecer a los pequeños productores, promover la asociatividad y consolidar un sistema agrícola más competitivo y sostenible.