Corrupción e inseguridad no son solo problemas políticos y sociales. Juntos le cuestan al Perú más de S/ 43,800 millones al año, una cifra que supera ampliamente el presupuesto anual de sectores como Salud o Educación y que equivale a alrededor del 4.1% del Producto Bruto Interno (PBI).
Estos dos temas son los que encabezan la agenda del ciclo de debates presidenciales 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cuya primera fase los candidatos exponen propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.
Por cada S/ 100 del Estado, S/ 12.70 se perdieron en corrupción
De acuerdo con la Contraloría General de la República, el costo extrapolado de la corrupción e inconducta funcional superó los S/ 24,000 millones en 2023, lo que representó el 12.7% del presupuesto público ejecutado ese año.
Traducido a términos simples: de cada cien soles invertidos por el Estado peruano, doce soles con setenta céntimos se perdieron en actos corruptos.
El Gobierno Nacional concentró casi la mitad de esas pérdidas, con S/ 11,992 millones, equivalentes al 11.3% de su presupuesto ejecutado. Los gobiernos regionales registraron S/ 7,615 millones, con una incidencia del 15.4% —la más alta proporcionalmente entre los tres niveles—, mientras que los gobiernos locales acumularon S/ 4,660 millones, el 13.1% de sus recursos.
Los actos corruptos se concentraron principalmente en los gastos de inversión pública, seguidos por los de abastecimiento y recursos humanos.
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la corrupción representa un costo equivalente al 2.4% del PBI anual peruano, y la califica como un obstáculo estructural para el desarrollo del país.
«Debilita la prestación de servicios, la confianza en las instituciones y la eficacia del gasto público, especialmente a nivel subnacional», advierte la entidad en su reporte Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025.
La inseguridad vale S/ 19,800 millones y frena la inversión
El costo económico de la inseguridad es igualmente significativo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su último Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, estima que asciende a S/ 19,800 millones, equivalentes al 1.7% del PBI en 2025.
De ese total, el sector privado asumiría la mayor carga, con cerca de S/ 13,900 millones en gastos de seguridad, mientras que el sector público cubriría aproximadamente S/ 5,900 millones.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte que la cifra podría ser aún mayor, con estimaciones que llegan hasta el 2.2% del PBI.
La entidad señala que la delincuencia crea barreras para el surgimiento de nuevos negocios y desincentiva la inversión privada, afectando directamente el dinamismo de la economía.
En la práctica, el impacto ya es visible. Bodegas, peluquerías, restaurantes y farmacias reportan restricciones en su funcionamiento. El 32% de los peruanos ha visto cerrar algún negocio a causa de la delincuencia, según el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP correspondiente a junio de 2025.
A ello se suma el gasto creciente que familias y empresas destinan a cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, rejas y personal de seguridad privada; recursos que, de otro modo, podrían dirigirse al consumo o la inversión productiva.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) describe los efectos de la inseguridad como una «espiral negativa que restringe la inversión, afecta la generación de empleo y el consumo de los hogares, reduce la productividad y la competitividad de la economía, y obstaculiza el crecimiento económico tanto en el corto como en el mediano plazo».