El pasado 13 de diciembre la Cancillería peruana hizo un llamado a los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y Colombia a respetar “las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano”. Esto luego de que publicaran un comunicado conjunto en el que reconocían a Pedro Castillo como presidente del Perú, pese a que fue destituido de ese cargo por el Congreso tras intentar un fallido autogolpe de Estado.
En dicho comunicado, además, los gobiernos de esos cuatro países no mencionaron a la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien asumió el mando al estar en la línea de sucesión constitucional. Como respuesta, la cancillería de Perú acusó “injerencia política” por parte de los gobiernos extranjeros.
¿Crisis diplomática?
El país más activo en la defensa de Pedro Castillo es México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue una de las primeras autoridades en criticar la detención del expresidente. Incluso expresó la voluntad de su pueblo de brindar asilo político, intención que fue reafirmada por su ministro de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard.
Como respuesta, la cancillería de Perú emitió un primer comunicado en el que calificó las declaraciones como “injerencia en los asuntos internos”. En este sentido, llamó al gobierno mexicano respetar “las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia (asilo político)”.
En la misma línea de México, el presidente colombiano Gustavo Petro usó sus redes sociales para mostrar su respaldo al expresidente Pedro Castillo y exhortar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedir medidas cautelares en favor del detenido Castillo. Nuevamente, la cancillería se pronunció asegurando que las diligencias que terminaron con la detención de Castillo habían sido efectuadas en el “pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes”.
Sin embargo, los pronunciamientos del gobierno de Perú cayeron en oídos sordos, pues tres días después, los países de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto donde todavía reconocían a Pedro Castillo como presidente, pedían respetar los derechos del detenido y la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Para sorpresa de las autoridades peruanas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó la misiva pese a que días antes había expresado su respaldo a la nueva presidenta vía telefónica.
La respuesta del gobierno fue contundente: pedir “que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú».
Otros países del mundo respaldan a Boluarte
Los países que se apuraron en reconocer el gobierno de Dina Boluarte (aunque sin una postura firme sobre la situación de Castillo) a través de sus respectivos embajadores fueron Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Brasil y Chile. Con este último ocurrió un hecho particular. El mandatario Gabriel Boric fue invitado a través de su canciller de formar parte del comunicado, sin embargo, cuando su ministra le hizo llegar el primer borrador, su respuesta fue un rotundo “no”.
Más tarde, la canciller Antonia Urrejola explicaría en el programa chileno “Mentiras Verdades” que “Castillo no respetó las normas constitucionales, nuestra posición también fue buscar una salida no solo constitucional e institucional, sino democrática y con respeto a los derechos humanos”, dijo.
Más de 100 parlamentarios de 16 países también emitieron un comunicado rechazando el comunicado emitido por las cuatro naciones latinoamericanas y acusando una supuesta injerencia sobre la situación de Perú.
En el caso de Colombia, la carta está suscrita por varios integrantes del Centro Democrático, entre ellos los congresistas María Fernanda Cabal, Paola Holguin, Hernán Cadavid, Esteban Quintero, Juan Espinal, Andrés Guerra, José Jaime Uscátegui, Carlos Edward Osorio, Yulieth Sánchez, Yenny Rozo y Enrique Cabrales.
Además, hay congresistas de Argentina, Austria, Bolivia, Bulgaria, Chequia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Suecia y Uruguay.
¿Cometieron injerencia los estados de Argentina, Bolivia, México y Colombia?
Dentro del derecho internacional de México existe la llamada doctrina Estrada, por medio de la cual el país no se pronuncia sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los califica. Esto permite mantener relaciones estables y duraderas con países del mundo de ideologías muy diversas y, sobre todo, con aquellos surgidos de procesos revolucionarios.
Desde 1930 la política internacional se rigió bajo este estatuto hasta las declaraciones de AMLO. Con su postura parece estar marcando distancia, aunque ha reconocido que su gobierno no tiene potestad para el reconocer gobiernos extranjeros.
Por lo pronto, López Obrador anunció que las relaciones diplomáticas con Perú están en «pausa», pero esto no implica romper los lazos ni retirar al embajador.