La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que presente el informe final sobre la denuncia constitucional contre el expresidente Pedro Castillo y los exministros. La investigación se sigue por haber interpretado el rechazo de la cuestión de confianza como negación de la misma.
De acuerdo a la SAC, las ex autoridades habrían incurrido en el delito de infracción constitucional a los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución. La denuncias 318, 320, 322, 324 y 325 fueron presentadas por los congresistas Patricia Chirinos, Adriana Tudela (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú) y Juan Burgos Oliveros (No agrupados).
Como se recuerda el entonces presidente Pedro Castillo y los exintegrantes del gabinete presidido por Aníbal Torres firmaron un acta donde daban cuenta que interpretaron el rechazo de la cuestión de confianza como negación de la medida. Solo dos exministros no firmaron: Dina Boluarte (MIDIS) y Alejandro Salas (Trabajo).
En este sentido, los exministros de Estado renunciaron al producirse la crisis del gabinete, consecuencia que se produce cuando se rechaza una cuestión de confianza según la Constitución. Sin embargo, de acuerdo a la SAC, la medida interpuesta por parte de los denunciados, sobre una norma que —por su naturaleza de ley orgánica— haría la cuestión de confianza ilegal o inconstitucional.
La cuestión presentada por el expremier Aníbal Torres buscaba la anulación de la Ley Antireferendum al considerar que restaba al Ejecutivo poder sobre esta herramienta de consulta popular. Pero el Tribunal Constitucional, máximo interpreté de la carta magna, ya había fallado a favor de la ley, otorgándole legalidad.
