La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y en demanda del adelanto de elecciones. El informe confirma que se han cometido graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano en el control de las manifestaciones.
Asimismo, el documento establece una serie de evidencias sobre el abuso de la fuerza en el control de las protestas. Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala la posible responsabilidad del Estado peruano en hechos que pueden constituir la figura de ejecuciones extrajudiciales, en relación a las muertes de ciudadanos en Puno y Ayacucho, que son analizadas en detalle en el reporte.
Ante esta situación, el órgano internacional llama la atención del Estado peruano sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, y para garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro. Además, el informe recomienda que se tomen medidas para proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica en el país.
Sin embargo, Carlos Hakansson, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Piura (Udep), afirma que las conclusiones del informe de la CIDH está sesgado.
«Los manifestantes y vándalos no defendían la democracia sino el régimen que se pretendía instalar una vez decretado el golpe de Estado. Tras el fallido golpe por falta de apoyo militar, la sucesión presidencial es inobjetable (artículo 115 CP). El golpe no necesita consumarse para ser declarado como tal, sino sólo la manifestación (pública en todos los medios por un jefe de Estado que es jefe supremo de las FF.AA y PP) para interrumpir el curso democrático de las instituciones amparadas en los principios y reglas constitucionales», explicó el experto.
¿Perú se debería retirar de la CIDH?
Lucas Ghersi, abogado y docente de la Universidad San Martín de Porres, defiende la idea de que Perú salga de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo manifestó mediante Ilad media.
En primer lugar, Ghersi argumenta que la competencia contenciosa de la CIDH no es reconocida por países como Venezuela o Cuba, que son dictaduras, pero tampoco por países democráticos como Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, salir de la CIDH no implica que Perú se convierta en una dictadura.
Y, en segundo lugar, el experto sostiene que la CIDH no tiene límite alguno -en la práctica- por lo que se involucra en todos los aspectos de nuestra vida como política tributaria, política laboral, las reglas que aplican a las telecomunicaciones, entre otros. Esta intromisión de la CIDH en los asuntos internos de Perú puede ser considerada como una limitación a la soberanía del país.
En la misma línea, el doctor Hakansson argumenta que, si se decide retirar la competencia contenciosa de la Corte IDH debido a su falta de objetividad y sesgo ideológico en sus juicios, es fundamental garantizar el acceso a la jurisdicción internacional a través de otros órganos supranacionales de protección de los derechos humanos.
«De lo contrario, se estaría vulnerando la Constitución que establece que, una vez agotada la jurisdicción interna, aquellos que se sientan lesionados en sus derechos fundamentales pueden acudir a organismos supranacionales para su protección internacional de los derechos humanos (artículo 205 CP). De lo contrario, estaríamos propiciando claras zonas de indefensión y no garantistas», puntualizó el doctor en Derecho Constitucional.