La economía se ha estancado, y es por la llegada del Coronavirus (COVID-19) a nuestro países hace 18 días.
El gobierno decretó el aislamiento social el domingo ante pasado (15.03.2020), una decisión dramática para tratar de acotar la expansión del brote del coronavirus en nuestro país.
La decisión fue polémica, sin duda, ya que establecía que la población se quedara en sus casas por quince días, en una especie de cuarentena y sólo podían salir a trabajar obreros y oficionistas relacionados a los sectores de alimentos, transportes, telecomunicaciones y energía.
El ejecutivo ponderó la capacidad de respuesta que podría tener el sistema de salud peruano si el brote llegaba a expandirse de forma exponencial aquí y evaluó que no estaba en la capacidad de resistir (informes de Contraloría dieron cuenta de ello). Por esa razón tomó la decisión de paralizar todo.
En la óptica del gobierno, la paralización de toda actividad era la estratégica óptima para que la falta de interacción de la población generara un incremento no exponencial del brote. El trade-off para esa iniciativa era enfriar totalmente el aparato económico nacional.
De hecho en el segundo reporte que realizó el presidente Vizcarra, acotó que para el lunes 16.03 la caída del consumo en electricidad descendió 25%, para el martes 17.03, había caído otro 25%.
Eso, para el sistema de salud nacional, era una buena noticia, las medidas de aislamiento social estaban siendo acatadas. Sin embargo, para el aparato productivo no era una buena noticia.
Una caída tan abrupta de este indicador da cuenta de un enfriamiento acelerado de la actividad económica.
El razonamiento ha sido el siguiente: se preserva la salud pública a merced de la actividad económica, porque si no preservamos a la población, no habrá qué economía defender. Hasta allí muy bien, con la lógica y las medidas impulsadas y decretadas por el gobierno.
Lo que ahora se tenía que resolver, sin embargo, era la ecuación económica de la oferta y la demanda agregadas.
Decirle a la población peruana que deje de salir a trabajar, cuando el 72,4 por ciento de la fuerza laboral en el país es informal (MINTRA 2018), es como decirle, te vas a morir de hambre los próximos 15 días.
La informalidad es tanto un flagelo como un amortiguador de choques económicos internos y externos que han diseñado los agentes económicos peruanos por motu propio para preservarse de los tantos choques que ha recibido nuestra economía.
Amortiguador porque por ejemplo, permite que una gran parte de la población se organice para comer, vestirse y educarse al margen de los decretos y leyes del Estado.
Flagelo porque esta parte de la población no tributa y algunas veces ella misma se mantiene (y se siente) al margen de toda legislación y de todo servicio público ofrecido mal que bien por el estado.
En ese contexto, tenía el Estado que responder a la brutal caída de demanda agregada que se iba a generar cuando se decretase la inamovilidad de formales e informales.
Por ello, el gobierno determinó la ayuda extraordinaria de S/ 380 por familia desfavorecida en el país. Proyectó ayudar a 3,000,000 de familias. Con esta política económica, el gobierno inyectaba al rededor de 1,140 millones de soles (US$ 325 MM) en una de las 26 quincenas que tiene el año 2020.
Esto a grosso modo representa el 4.15 por ciento del PBI peruano que puede generarse en este período de tiempo.
Como puede observarse, no es un gasto agregado menor. Sin embargo, las condiciones dramáticas que le ha tocado vivir al país por estos tiempos de cuarentena ameritaban esta intervención.
A eso se adiciona, que ahora la demanda agregada tendrá que ser sostenida en buena parte por la dinámica interna, ya que medio mundo está en cuarentena también.
Hasta el último reporte elevado por la OMS, al día de hoy (24.03.2020), existen 398,760 personas infectada a nivel global, con 17,250 muertes a cuestas.
Ello establece que una salida coherente hacia la crisis sanitaria es dotar a la gente de ingresos de manera directa para que se alimenten y estén sanos para enfrentar la pandemia y, al mismo tiempo, tratar de sostener la demanda agregada, para que los precios no se derrumben (ya la demanda externa actualmente está deprimida).
Hasta allí, como concepto de política, todo está bien. Sin embargo, la intervención se ha acotado a la población de menores recursos; en la jerga económica peruana, a los pobres y pobres extremos.
La cobertura que finalmente habría alcanzado esta política extraordinaria sería de 2,771,395 familias a nivel nacional.
Suponiendo que cada hogar tiene 3,5 miembros (Censo 2017), el número de personas que cobertura esta política es de 9 millones 670 mil ciudadanos. Esta cobertura representa el 30,2 por ciento de la población.
Al mismo tiempo, alrededor de 4,623,872 personas cuentan con empleo formal en el Perú (no pobres y formales); suponiendo también que esta población que labora en este segmento tiene 0.9 personas dependientes a su cargo, se establece que 8,816,760 personas estaría coberturadas.
Ello representa el 27,44 por ciento de la población.
Así pues, alrededor de 42.36 por ciento de la población quedaría en el aire. Esta población que trabaja en el sector informal (o que trabajando en el sector formal, tiene un contrato informal) no estaría recibiendo ningún apoyo por parte del estado. Ellos serían los no pobres informales.
Algunas de estas personas podrían estar relacionadas económicamente a las actividades que no han sido prohibidas, tales como la agricultura, ganadería y la expedición de alimentos (transporte y venta).
Teniendo en cuenta que el 25.9 por ciento de la población se desempeña en actividades extractivas (MINTRA 2018), se tiene que alrededor de un 16.5 por ciento de la población actualmente es vulnerable.
Esta porción de población actualmente no recibe ninguna ayuda ni desde el Estado, ni desde el mercado.
El gobierno, por ello, está diseñando una última intervención relacionada al rescate de la pymes.
Aunque esta política indirectamente estaría tratando de focalizarse en el sector informal que no recibe subsidio de parte del Estado, también ayuda en la estabilización de las cadenas de pagos y suministro, cruciales para tener una oferta agregada sana.
Y es que, al realizar la intervención en la demanda agregada, el gobierno trata de sostener la capacidad de consumo de la población, también es importante desarrollar una política para ayudar a que no se rompa las cadenas de suministros de las distintas industrias que tiene la economía peruana.
Una prueba de ello es el viraje rápido de industrias como AJE o Backus&Johnston que han cambiado sus líneas de producción de cervezas hacia aguas minerales, dada la coyuntura de pandemia.
Ello lo hacen, inclusive si es que estuvieran produciendo temporalmente a pérdida, ya que están preocupados por la posibilidad de perder sus cadenas de suministros.
Las industrias que están paralizadas por la cuarentena (ahora sólo de 15 días) enfrentarán un efecto de rotura temporal de la cadena de suministro, lo que imposibilitaría de manera parcial el inicio de actividades cuando la cuarentena finalice.
Es justamente por ello, que la solución óptima tanto desde el punto de vista de la sanidad pública como de la economía, es que la población acate de forma cuasi-marcial las medidas de aislamiento social, incluido el toque de queda nocturno.
Mientras menos propagación del virus exista, el período de receso en la economía será menor y la cadena de suministro será menos golpeada.
Si la gente no acata las medidas (y el gobierno no amortigua de manera inteligente la caída de ingresos en este período) de aislamiento social y no se controla de manera seria la propagación del brote, el período de cuarentena será más largo y las cadenas de suministro se desarticularán más.
El choque temporal de oferta, por problemas de suministro de algunos productos perecibles ha generado un incremento de precio de algunos productos (tales como verduras, tomate, zanahoria, cebolla).
Pero ello es temporal, porque lo que es necesario ahora es mantener la demanda agregada y hacer que la población acate alineadamente las medidas de aislamiento social.
La suspensión de la cadena de suministro por dos semanas o más, generaría un pico inflacionario temporal de aquí a dos meses, en los productos cuyas industrias actualmente están paralizadas, ya que los stocks de la mayoría de productos no alimenticios se encuentra entre dos a tres meses almacenados.
Por todo ello, el Estado precisa dar señales claras sobre las políticas que va a implementar para sostener tanto demanda como oferta agregadas.
A su vez, la población debe de acatar lo máximo posible las medidas de aislamiento social (cuasi-marcialmente) para que el periodo necesario de cuarentena sea el menor posible y así minimizar el impacto de nuestras cadenas de suministro en nuestra economía por la paralización decretada.