A junio de 2025, existen 2,428 proyectos de inversión pública sin avances por más de seis meses. El valor de las obras detenidas creció en S/ 8,176 millones respecto a 2024, con mayor peso en gobiernos regionales.
Más obras detenidas en todos los niveles de gobierno
De acuerdo con la Contraloría General de la República, el valor de las obras paralizadas alcanzó S/ 44,298 millones. En comparación con junio de 2024, se sumaron 172 proyectos adicionales, principalmente en los gobiernos regionales (+S/ 3,701 millones), seguidos por el Gobierno nacional (+S/ 2,914 millones) y los gobiernos locales (+S/ 1,561 millones).
Las principales causas fueron discrepancias, controversias y arbitrajes, que concentraron más de S/ 2,328 millones en obras detenidas a nivel regional, mientras que los municipios enfrentaron problemas por eventos climáticos (+S/ 852 millones) y falta de recursos financieros (+S/ 809 millones).
Proyectos de gran envergadura detenidos
Entre los proyectos de mayor impacto figura la revalorización de Majes Siguas II, cuyo costo se incrementó de S/ 2,449 millones a S/ 4,780 millones en un año. También destacan la paralización del hospital de apoyo II-2 de Sullana (S/ 804 millones) y la carretera de Huancabamba (S/ 575 millones).
En contraste, algunos proyectos fueron reanudados, como el mejoramiento de la red vial Moquegua–Arequipa (S/ 818 millones), la rehabilitación del eje vial Piura–Guayaquil (S/ 338 millones) y las obras de control de desbordes en el río Ica (S/ 262 millones).
Departamentos más afectados
Arequipa lidera el ranking con S/ 7,742 millones en obras paralizadas, principalmente por el incremento del costo de Majes Siguas II. Le sigue Lima, con S/ 4,742 millones, concentrados en el Gobierno nacional, pese al destrabe de nueve proyectos.
En tercer lugar está Piura, con S/ 3,928 millones, afectada por la paralización del hospital de Sullana y la carretera de Huancabamba.
Impacto en el desarrollo
El informe advierte que la paralización de proyectos de gran envergadura compromete la continuidad de servicios básicos y frena el crecimiento regional. Además, la falta de mecanismos ágiles para resolver controversias en el Gobierno nacional y la escasa capacidad financiera de los municipios prolongan la situación.