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Contraloría encuentra deficiencias en la venta de entradas para Machu Picchu

Al ver estas deficiencias en Joinnus no se cuenta con información certera de cuántas personas han visitado el Patrimonio Mundial.
Por Iveth Yamunaque
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En un reciente análisis, la Contraloría del Perú ha detectado deficiencias en la venta de entradas a Machu Picchu, mediante la plataforma de Joinnus. Es importante resaltar, que Joinnus es la empresa que ganó el proceso de venta de boletos, pues fue la que ofreció el servicio a menor costo que otras que se presentaron.

¿Cuáles son las deficiencias detectadas en Joinnus?

Marina Cárdena, Jefa del Órgano de Control de la Contraloría en el Ministerio de Cultura, señaló las incongruencias en la plataforma de la empresa.

La primera deficiencia en Joinnus, es sobre la emisión de los boletos, los cuales no cuentan con código QR. Asimismo, existen reportes que no coinciden entre lo que dice Joinnus, la plataforma, versus la venta real.

Por lo tanto, al ver esta descoordinación no se cuenta con información certera de cuántas personas han visitado el Patrimonio Mundial o cuánto se ha recaudado con la venta de boletos.

Otro de los problemas radica en que la plataforma encargada de establecer los horarios de visitas a Machu Picchu, no ha ajustado sus programaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución ministerial. Esta falta de coordinación genera confusiones y puede afectar la experiencia de los visitantes.

De acuerdo al análisis, Cárdena asegura que no se sabe a ciencia cierta si lo que dice la plataforma Joinnus se está ajustando a lo que es verificable.

Mincetur respalda a Joinnus

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, ha respaldado a Joinnus frente a las críticas y objeciones relacionadas con su contrato para la comercialización en línea de entradas para Machu Picchu. Mathews enfatizó el compromiso de la empresa en proporcionar un servicio transparente con el propósito de facilitar la visita a esta maravilla mundial. Asimismo, desmintió cualquier indicio de privatización del sitio arqueológico y atribuyó la controversia a un malentendido en la comunicación.