La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprueba por mayoría, con 14 votos a favor y tres abstenciones, un dictamen que autoriza el retiro total de CTS para trabajadores que enfrentan enfermedades terminales, como cáncer, o que atraviesan una crisis económica. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Modifica el Decreto Legislativo 650, que regula la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), permitiendo a los trabajadores acceder al 100% de sus fondos bajo condiciones específicas. La presidenta de la Comisión, Elva Julón Irigoín, subraya que la iniciativa busca brindar alivio a los trabajadores más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades graves.
Apoyo a trabajadores en situaciones críticas
El dictamen aprobado prioriza a los trabajadores diagnosticados con enfermedades terminales, permitiéndoles disponer del retiro total de CTS para cubrir gastos médicos o necesidades básicas. Además, incluye a quienes enfrentan dificultades económicas severas.
Además, reconoce el impacto de la crisis actual en los hogares peruanos. Julón Irigoín enfatiza que esta medida responde a la necesidad de proteger a los sectores más afectados. Así se garantiza que puedan hacer frente a emergencias de salud o económicas sin perder estabilidad financiera.
Modificaciones al marco legal para el retiro total de CTS
La Comisión ajusta el Decreto Legislativo 650 para facilitar el retiro total de CTS. Establece un marco legal que estará vigente hasta diciembre de 2026. Es un beneficio laboral diseñado originalmente para proteger a los trabajadores en caso de cese, pero que ahora se adapta a situaciones excepcionales. Su objetivo es ofrecer soluciones inmediatas a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, autorizando el retiro total de CTS.
El retiro total de CTS representa un alivio temporal para miles de trabajadores peruanos. Tendrá vigencia hasta finales de 2026. La medida busca equilibrar la protección financiera con la necesidad urgente de fondos en casos de enfermedad terminal o crisis económica. Marca un precedente en la legislación laboral para enfrentar emergencias de esta naturaleza.