El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones. La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% Producto interno bruto PBI nacional y el 60% de las exportaciones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, la minería formal tiene un gran impacto positivo en la productividad de nuestro país y es una actividad que genera grandes ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, además de crear puestos de trabajo directos e indirectos.
En cada departamento del Perú en el que existe una mina formal, la actividad garantiza la transferencia de canon minero y la promoción de sus recursos. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias asentadas al incrementar sus ingresos económicos.
A pesar de ello, en el Perú existen entre 300 a 500 mil personas dedicadas a la minería ilegal e informal, según el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Esta situación está presente en todas las regiones del país y en aproximadamente 25 millones de hectáreas del territorio nacional.
De hecho, se entiende como minería ilegal a toda actividad minera ejercida en zonas prohibidas y que afecta al medio ambiente y ocasiona inseguridad y criminalidad en las zonas donde opera.
Entre las razones de la prevalencia de la minería ilegal en el país se encuentran la informalidad presente en todos nuestros sectores económicos, la histórica dificultad del Estado para hacer cumplir la ley y las escasas oportunidades de trabajo en las zonas rurales; de acuerdo con la publicación “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborada por CHS Alternativo en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y USAID.
¿Qué es el canon minero?
El canon minero es el beneficio económico que reciben los Gobiernos Locales y Regionales por los ingresos y rentas obtenidos por el Estado al explotar los recursos mineros de una región.
Impacto económico de la minería ilegal
Por ser una actividad económica ilegal, según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, esta minería mueve más de 6 000 millones de dólares al año. La minería ilegal pone en riesgo al medioambiente, la salud y seguridad de la ciudadanía; pero también a los ingresos económicos de todo el país.
Esta pérdida de ingresos en un sector económico tan importante produce un debilitamiento de la posición económica del Perú que se refleja en la reducción del ahorro fiscal y una menor fortaleza para enfrentar nuevas crisis; así como en la reducción de dinero destinado a otros sectores, menos posibilidades de realizar obras públicas que beneficien a la ciudadanía y una menor cantidad de puestos de trabajo digno.
Al mismo tiempo, por su carácter ilícito, la minería ilegal incluye otros delitos como el lavado de activos y la defraudación tributaria. A continuación, te contamos de qué se trata cada uno.
Lavado de activos
Entre enero de 2011 y 2020, la minería ilegal representó el principal delito subyacente en Perú, según el valor de las transacciones ilícitas detectadas y revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. De un total de $14.164 millones registrados de forma ilícita durante este período, casi $7.000 millones estaban vinculados a la minería ilegal.
Esta actividad también se encuentra estrechamente ligada con el lavado de activos; es decir, el dinero obtenido de manera ilegal que no se puede justificar y genera la creación de empresas fachada donde se mezclan las ganancias ilícitas con fondos legítimos.
Estas mismas organizaciones llegan a ofrecer bienes y servicios muy por debajo de su precio real, ocasionando graves efectos como la distorsión de los mercados financieros y la destrucción de la economía real.
Defraudación tributaria
Por ser una actividad al margen de la ley, la minería ilegal no paga impuestos. En un artículo publicado en el 2013, el ex titular del Ministerio del Ambiente, Antonio Brack, calculaba la evasión de 2000 millones de soles anuales. Según el experto, las regiones del Perú dejan de recibir entre 300 y 600 millones de soles por concepto de canon minero.
De igual forma, en la práctica, la minería ilegal evade el pago de impuestos cuando los productores ilegales compran insumos de manera informal. En consecuencia, afectan al desarrollo de cada región, privándolas de ingresos que servirían para mejorar la salud, vialidad y educación.
Debido a todos sus impactos, es urgente erradicar la minería ilegal y formalizar a quienes cumplan con los criterios legalmente establecidos para ejercer esta actividad. Según la publicación de CHS Alternativo en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y USAID, en el mediano y largo plazo, se podría optar por transformar y fortalecer la pequeña minería y la minería artesanal para hacerla rentable, responsable y sostenible.
Además, señalan que la propuesta tendría que ser acompañada de políticas públicas para incentivar la formalización minera, implementar diversos programas de transformación productiva y comercial, e implementar el sistema de trazabilidad del oro y estándares ambientales para todos los estratos mineros.
“Promoviendo la buena minería” es una campaña de Minería de Todos.
