Canastas no son de S/ 9 sino de S/ 42. Igual es una miseria para Piura distrito

El alcalde de Piura, Juan José Díaz, está pitando como tren de sierra porque en el reparto de dinero para comprar víveres, a la municipalidad de Piura le ha tocado la miseria de S/ 200 mil que según él y teniendo un 21.7% de pobres, solo podría comprar paquetes de víveres de S/ 9.

Parece que al alcalde más le importa hacer política que defender las necesidades de la población más vulnerable pues, o es un cabal ignorante de las estadísticas nacionales o pretende hacer política con dinero público y de paso chancar al hoy primero enemigo político del fujimorismo, el presidente Vizcarra.

La pobreza fue 21.7% el 2017… Para el 2018 el INEI la estima en 20.5% incluyendo costa, sierra y selva.

¿Por qué lo decimos? Vamos a las cifras. El promedio de pobreza que el INEI señala para el 2018 (no hay cifras más actuales) es 20.5% de la población, la cifra es señalada por el jefe del INEI, José García Zanabria en el documento Resultados de la Pobreza Monetaria 2018 presentado a distintas instancias del ejecutivo y legislativo en abril de 2019.

Sin embargo, en este mismo documento, el INEI presenta otro cuadro, señalando que el promedio de pobreza para la “Costa Urbana” es 12.7% de la población.

Todos sabemos que Piura distrito no es ni sierra ni selva, pues claramente es costa urbana.

En la costa urbana la pobreza es 12.7% de la población, según el INEI

En cifras del mismo INEI, Piura distrito tiene una población de 155,934, más o menos mil personas más que el distrito Veintiséis de Octubre.

Si de acuerdo al mismo INEI una familia en promedio, está conformada por cuatro (04) personas, tendríamos habitando en Piura distrito a 38,983 familias aproximadamente.

Y si la pobreza es el 12.7% de la población, tenemos 4,678 familias pobres y si solo tengo S/ 200 mil para comprarles paquetes de víveres, resulta que a cada familia puedo destinar más o menos S/ 42.

Este monto por familia sigue siendo una miseria, pero no son los 9 soles que dice el alcalde, ni tampoco puede poner como índice de pobreza el del 2017 (21.7%) cuando en esta parte del país es 12.7%, según data oficial del INEI.

Población de la provincia de Piura según el INEI al 2019

En realidad, a Piura le debieron otorgar los mismos S/ 500 mil que recibió por ejemplo la municipalidad de Sullana, en cuyo distrito del cercado que también es costa urbana, hay una población de 188,348 personas al 2019 y con el promedio por familia de cuatro personas, tendríamos 47,087 familias y considerando al 12.7% como pobres, se tendrían que entregar paquetes de víveres a 5,980 familias, siendo el valor de cada paquete, aproximadamente S/ 83.5.

¿Qué hacer? Obviamente reclamar, pero no con argumentos falaces como intenta hacerlo el alcalde Juan José Díaz Dios, sino mostrando las estadísticas que él mismo está mal usando.

O quizá tal vez, deba reformular el presupuesto municipal, el que se destina en gran parte a sostener a una burocracia ineficiente y comodona y que para los próximos años ha sido hipotecado solo para alcanzar la paz con los gremios municipales, los que mediante pactos colectivos se llevan la parte del león y no dejan nada para que el alcalde destine mayores fondos a complementar lo que ha dado el gobierno nacional para atender a los más pobres o vulnerables.

Eso será más adelante, materia de otra nota.

El alcalde y los piuranos tendrían también que preguntarse si esa miserable asignación presupuestal otorgada por el Poder Ejecutivo a la municipalidad de Piura, quizá sea una especie de cachita al alcalde Díaz Dios por las amistades que tiene, o un castigo a los piuranos por votar por el fujimorismo al que le regalaron tres congresistas en las últimas elecciones o, a lo “Capitán Cueva”, sean unas cuantas cachetadas por no acatar las restricciones del estado de emergencia.

Vaya usted a saber. Pero que hay que reclamar. Sí, con toda seguridad.

Vigila Ciudadana es una asociación civil sin fines de lucro que busca aportar a Piura desde una perspectiva apolítica y eminentemente técnica, mediante la activación de un sistema de vigilancia ciudadana que promueva la transparencia en la gestión de los recursos públicos y fortalezca la lucha contra la corrupción.

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