En un movimiento que ha generado controversia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley. Este proyecto impondría un impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONGs).
La propuesta, denominada «Ley de Agentes Extranjeros», busca regular el financiamiento externo de estas entidades. Esto ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno y diversos grupos de la sociedad civil.
Contexto de la propuesta
La iniciativa surge tras la detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez. Él es miembro del Foro del Agua y fue acusado de desórdenes públicos durante una protesta en apoyo a 300 familias amenazadas de desalojo en Santa Tecla.
Bukele argumentó que estas manifestaciones fueron instigadas por ONGs con agendas políticas. Su propuesta de ley busca «encontrar una solución real» al problema de las familias afectadas.
Implicaciones económicas para las ONGs
La implementación de este impuesto del 30% tendría consecuencias significativas para las ONGs. Estas ONGs dependen de financiamiento internacional para operar en áreas como derechos humanos, medio ambiente y desarrollo social.
Organizaciones como Human Rights Watch expresaron su preocupación. Señalaron que medidas similares en países como Nicaragua y Venezuela se utilizaron para restringir la labor de la sociedad civil.
Contraste con políticas fiscales previas
Este enfoque contrasta con decisiones anteriores del gobierno salvadoreño. En marzo de 2024 eliminaron el impuesto sobre la renta para inversiones extranjeras y remesas. Así, la tasa del 30% se redujo al 0% para atraer capital extranjero.
La nueva propuesta de gravar las donaciones a ONGs podría enviar señales mixtas a la comunidad internacional. Esto afecta el clima de inversión y la apertura del país.
Reacciones y perspectivas
Diversos sectores han manifestado su preocupación por el impacto. Esta ley podría afectar la labor de las ONGs y la percepción internacional de El Salvador. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, es probable que apruebe la propuesta sin mayores obstáculos.
Sin embargo, la medida podría enfrentar desafíos legales y diplomáticos, especialmente si se percibe como una restricción a la libertad de asociación y expresión.