El Congreso aprobó una controvertida ley que modifica la estructura del IGV y fortalece el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Aunque los legisladores la promueven como un impulso a la descentralización fiscal, en la práctica debilita los ingresos del Gobierno central y representa una pérdida de miles de millones de soles anuales.
El Ejecutivo decidió no observar la norma y anunció que la promulgará. Con esta decisión, Dina Boluarte respalda una reforma sin sustento técnico y transfiere la carga fiscal al próximo presidente del Perú, quien asumirá un mandato con menor recaudación y más compromisos de gasto municipal.
Reducción del IGV con efectos millonarios
La ley que el Congreso aprobó modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 821 y reduce el IGV del 16% al 14% a partir del 1 de enero de 2026. Este impuesto, que los ciudadanos pagan al consumir bienes o servicios, representa uno de los principales pilares de la recaudación nacional. La norma también establece un aumento progresivo del Foncomun, que pasará del 2% al 4% entre 2026 y 2029.
Especialistas calculan que esta modificación provocará una pérdida anual estimada de S/ 10,000 millones para el fisco, lo que equivale a un punto del Producto Bruto Interno. Más de veinte proyectos legislativos dieron origen a esta medida, que finalmente se consolidó bajo el título de “Ley que promueve la descentralización fiscal”. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respaldaron públicamente la propuesta.
El Ejecutivo apoya baja del IGV
El Gobierno confirmó que no frenará la promulgación de la norma, a pesar de su alto impacto económico. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que aprobarán la ley “a la mayor brevedad” y destacó que el Ejecutivo prioriza atender las demandas ciudadanas. Emitió estas declaraciones en Huancayo, mientras gestionaban la autorización para que la presidenta Boluarte viaje a Estados Unidos.
El nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, también defendió la norma ante alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Aunque reconoció la urgencia de mejorar la recaudación del IGV, celebró el incremento de recursos para los municipios. Su mensaje dejó entrever una contradicción en la política fiscal del Ejecutivo.
Más recursos para municipios, menos para el Estado
La norma duplicará los recursos del Foncomun sin establecer mecanismos de control sobre su uso. Más de dos mil municipios recibirán una inyección millonaria sin garantía de eficiencia ni destino hacia inversión pública. El exjefe de SUNAT, Luis Arias Minaya, calificó la medida como una “farra fiscal populista” sin sustento técnico.
Arias precisó que la ley no crea nuevos ingresos, sino que redistribuye los actuales: reduce lo que recibe el Gobierno central y transfiere más a los municipios. Esta modificación recorta el margen de maniobra fiscal del Ejecutivo y prioriza intereses políticos de corto plazo. Desde su perspectiva, la norma responde a una lógica electoral y no a una estrategia estructural.