Arturo Vásquez, exviceministro de Minas, conversó con Infomercado sobre la cantidad dinero que ha recibido la región Piura por el concepto de Canon y lo poco que se ha hecho con la cantidad de dinero que ingresó a las arcas de diversas instituciones públicas.
Montos históricos por el canon y sobrecanon en la región. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? ¿Por qué no se ha desarrollado Talara y la región en general si, se supone, que lo que siempre falta es el dinero?
La región Piura ha recibido en los últimos 15 años unos 5 mil millones de soles en recursos de canon y sobrecanon. El problema es que que ha ocurrido una gestión pública errática. La gestión pública regional no ha apuntado a una buena gestión en proyectos de desarrollo local y regional a nivel de infraestructura. Es cierto, el canon no se devuelve al tesoro público. Los recursos no ejecutados están aún en las cuentas de los gobiernos locales y el regional.
¿Dónde está el problema?
El tema está en la rotación de funcionarios cada ciclo electoral y, hasta cierto punto, la politización de algunos gobiernos. Aunque estos aspectos deberían ser aislados y mantener cuadros técnicos en los gobiernos regionales, esto afecta el funcionamiento de los gobiernos. Ahora existe el Invierte.pe, que obliga a que las gestiones regionales programen, cada tres o cinco años, proyectos de desarrollo regional y local. Bajo este nuevo esquema de gestión se está poniendo mayor disciplina para que puedan proponer esquemas de desarrollo y ejecutar estos recursos. En el pasado han existido estos problemas de politización y rotación de funcionarios y una ineficiente gestión pública.
Pero desligar el problema político de la cuestión técnica es complicado. ¿Cuál es el punto medio?
Lo que debe existir es una carrera de servicio público en las regiones. Ha habido una iniciativa que se ha ido perdiendo que es la Ley Servir, la ley de la meritocracia. Iniciativas como esas deben seguir para generar incentivos económicos y de carrera para los funcionarios que ingresarán. De esta manera se puede desligar la parte política de la gestión técnica. Es cierto que en democracia uno escoge a los gobernantes pero no debe cambiarse a los funcionarios de carrera porque tienen la memoria institucional, los proyectos, la capacidad de mover el barco cada cuatro años. Hay que hacer el cambio en el gobierno corporativo de estas entidades sub nacionales.
Es verdad que llega la cantidad de dinero que usted ha mencionado, pero gran parte de ese dinero se queda en Piura y no a Talara…
Pero han llegado más de 100 millones de soles a Talara por canon en los últimos cinco años…
Pero el problema, señalan los talareños, es que gran parte del dinero se queda en Piura y no llega a su provincia.
Eso es inexacto porque la Ley de canon y sobrecanon, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, es estricta y se transfiere a los gobiernos locales y regionales lo que les corresponde de acuerdo al mandato legal.
¿Debe haber un cambio en la legislación para que se reparta mejor el canon para la región Piura?
De repente quieres aumentar o disminuir pero es un tema de decisión de la distribución de los recursos. En la distribución, en los últimos años, Talara ha estado recibiendo no menos de 100 millones de soles. ¿Qué se ha hecho con esos recursos? ¿Dónde están las obras que se han hecho? ¿Por qué tenemos basura en Talara? No es un tema del aporte de los contratistas o del gobierno central sino de las autoridades locales que gestionan los servicios públicos en la región. Por eso decía: hay que repensar la gestión pública a ese nivel.
Con respecto al gasto del canon que hacen las universidades públicas. El gasto se ve en cemento, pero también debería irse a investigación académica. ¿Cómo mejorar este gasto?
Se puede mejorar. La Sunedu ha introducido la calidad académica en las universidades. He tenido la experiencia, hace poco, de promover el licenciamiento institucional. Las universidades requieren condiciones básicas de calidad y una de ellas es la investigación. Si no hacen investigación pueden perder su licencia y se tienen que comprometer recursos en la investigación. Este tema es nuevo porque antes se promovía más la enseñanza que la investigación. Esta nueva obligación te lleva a hacer no solo cemento sino la construcción de laboratorios y dinero para la investigación básica. Hay un caso muy interesante de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en Chachapoyas. La visité hace poco y me he quedado muy sorprendido de lo que invierten en investigación, sobre todo, en agricultura y ganado. No estoy en contra del concreto, pero la infraestructura debe venir acompañada de generación de conocimiento e investigación para poder subir en los rankings educativos internacionales.
Tomando en cuenta las últimas medidas del gobierno con respecto a los pozos del norte peruano y, de acuerdo a su exposición: podría seguir reduciéndose la inversión en hidrocarburos en el Perú. ¿Cómo mejorar los mecanismos entre el estado y la población para que puedan aprovecharse esas inversiones privadas?
La cancelación de la inversión de Tullow no es un buena noticia para el país porque es una forma de decirse al inversionista que no respeto el marco jurídico y hago lo que quiero. No es una buena señal, en general, para toda la economía. Aunque la Contraloría dijo que todo el proceso había sido legal –la firma del decreto supremo de PPK– al final lo que hace la presidencia es refrendar el decreto supremo que ya había pasado por varias manos técnicas. Entiendo que se está revisando el tema de la participación ciudadana, un aspecto importante. La presión ciudadana es clave pues no se puede pensar en un proyecto de desarrollo sino hay consulta a las partes o grupos de interés. Se está trabajando los mecanismos de participación ciudadana y ver la posibilidad de volver a aprobar los decretos supremos.
Piura tiene también otras inversiones pendientes en proyectos mineros en la sierra o Tambogrande. ¿Usted cree que se podrán realizar estos proyectos?
Es complicado. Lamentablemente cuando vino la inversión privada saltó el lío del limón. “Limón sí mina no”, una desinformación sobre el tema porque la actividad minera hoy es súper regulada con varios organismos como Osinergmin, OEFA, Sunafil, etc. Y está bien que haya la regulación porque estas empresas generan riesgos, pero cuando quitas a la inversión formal llega la informal que no respeta reglas. En esas zonas amalgaman con mercurio cuando se pudo haber hecho una explotación seria que hubiera generado canon minero. Ahora todo se lo llevan los informales y lo sacan por Ecuador. Si eso se ha llenado de mineros informales hay que tratar de formalizarlos. El Ministerio de Energía y Minas ha iniciado el proceso, pero eso tampoco implica espantar a los inversionistas.
¿Y el proyecto minero Majaz? Podría tener un costo social más alto que Tambogrande.
Lamentablemente hay un fenómeno que percibo está pasando en Perú. Las poblaciones tienen sus legítimos intereses de conservación del medio ambiente y, estoy de acuerdo con ello, pero a veces puede existir gente mal intencionada que está protegiendo negocios ilegales: tráfico de drogas, pesca ilegal, una economía negra. Ellos pueden estar generando estas corrientes adversas en contra de las actividades legales porque cuando hay formalidad llega la Policía, el Ejército, la Sunat… Vienen las acciones de control. En muchos de estos conflictos sociales están pasando muchos de estos intereses de promover actividades ilegales.