El paro indefinido de transportistas, que se inició debido a desacuerdos con las empresas agroexportadoras de Piura, llegó a su fin este jueves 17 de marzo.
Esto fue posible tras llegar a un acuerdo con las agroexportadoras. Así lo explicó a Infomercado, Armando Rivera, gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG).
«Jamás hubo un incumplimiento por parte de nosotros, ya que sí contratamos con ellos, pero no con todos los de la Asociación, pues no todos tienen sus flotas adecuadas a normas», aseveró Rivera.
En ese sentido, afirmó que todas las empresas que integran la APAG tienen contrato con aproximadamente un 65% de buses de la asociación de transportistas piuranos.
Sin embargo, indicó que el otro porcentaje restante no se contrata, debido a que no reúnen las condiciones ni requisitos establecidos por las normas laborales de seguridad y salud en el trabajo.
“Al no reunir estas normas del MTC ni de seguridad y salud en el trabajo, se hace un poco complicado contratar estos servicios, porque en caso de que suceda un accidente, definitivamente vamos a tener responsabilidad por contratar empresas que no están adecuadas a la norma”, manifestó.
En esa línea, el gerente general de APAG, lamentó profundamente que, de manera extraoficial, se sabe que aproximadamente un 35% de los buses de la Asociación de Transportistas Piuranos superan los 15 años de antigüedad, por lo cual, representan un gran riesgo para el personal transportado en dichos vehículos.
Además, aseguró que algunas empresas sí han contratado vehículos nuevos que cumplen con los estándares que exige la norma, con la finalidad de garantizar la seguridad de los trabajadores.
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El caso
Cabe resaltar que la protesta se inició el miércoles 16 de marzo en la vía que une a los caseríos del Medio Piura y fue convocada por un grupo de transportistas quienes exigían a las agroexportadoras que se beneficie a los prestadores locales de este servicio.
Según indicaron los trabajadores, sus reclamos iban que, tras siete meses de diálogo, las empresas habrían incumplido con su promesa de beneficiar a los transportistas locales.
Asimismo, afirmaron que, a pesar de que no contarían con la documentación y precios estándar, reclamaban que ahora que hay una carretera construida, se estaría beneficiando a trabajadores que no son de la zona, dejando a más de 4 mil familias sin sustento económico.
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