Hasta ahora se han inscrito 6,672 embarcaciones pesqueras artesanales en el proceso de formalización, según informó hoy el Ministerio de la Producción (Produce).
“A la fecha se registraron 4,571 embarcaciones al amparo del Decreto Legislativo 1392 (que promueve la formalización pesquera artesanal) y 2,101 barcos pesqueros que vienen del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa) del 2016”, señaló el viceministro de Pesquería, Javier Atkins.
Después viene el proceso de comprobación de la información proporcionada por los dueños de las embarcaciones y luego viene el trabajo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) para analizar la capacidad de bodega de las embarcaciones, explicó.
Para finalizar, viene el trabajo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) para el ámbito sanitario y posteriormente, cada gobierno regional entregará los permisos de pesca respectivos, señaló.
En tanto todas estas embarcaciones pesqueras ya registradas pueden operar tranquilamente porque ya se encuentran dentro del marco de la formalización, manifestó.
Derechos de pesca
En otro momento, el viceministro informó que prepublicaron una normativa sobre los derechos de pesca para recibir aportes hasta el 23 de este mes. “Luego las evaluaremos para considerarlas para la propuesta final”, comentó.
Los derechos de pesca asociados a la extracción de la anchoveta se aplicarán a partir de la primera temporada de pesca del próximo año, que debe empezar aproximadamente en marzo del 2019, refirió.
En esta propuesta normativa sobre derechos de pesca se planteó el cobro de 1.25% sobre el valor FOB de la tonelada de harina para una pesca de más de 3.4 millones de toneladas (de anchoveta), explicó.
Cabe destacar que ayer el viceministro señaló que “para esta segunda temporada se mantendrá lo que se viene cobrando hasta ahora (por derechos de pesca), 0.25% del valor FOB de la tonelada de harina”.
Sanciones
Por otro lado, comentó que existen industriales de la harina y del congelado de pescado que recibieron sanciones por infracciones que consideran exageradas y que ante ello están evaluando los aportes de los administrados sobre una norma que prepublicaron para realizar las correcciones necesarias.