Indecopi sancionó en primera instancia a un conjunto de 13 empresas farmacéuticas y distribuidoras, además de cinco ejecutivos, por participar en un esquema de colusión que elevó los precios de medicamentos adquiridos por el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud durante más de una década.
Cómo operó la colusión en las compras públicas
Según la investigación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), las empresas coordinaron sus posturas, abstenciones y cuotas de participación para repartirse licitaciones entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.
Este comportamiento anticompetitivo elevó el costo que el Estado pagó por medicamentos esenciales utilizados en hospitales públicos.
Entre los productos involucrados figuran soluciones de cloruro de sodio, antibióticos (amoxicilina, azitromicina, meropenem y dicloxacilina), antineoplásicos como paclitaxel y temozolamida, inmunosupresores como metotrexato y antianémicos como el sulfato ferroso.
Evidencias y métodos para evitar la detección
La CLC evaluó correos electrónicos, archivos, conversaciones telefónicas, chats y declaraciones que mostraron cómo las empresas definían la adjudicación de cada proceso.
Para no ser detectadas, los involucrados prescindieron de comunicaciones formales y llegaron a emplear códigos, sobrenombres y reuniones restringidas, según detalla la resolución.
Empresas y ejecutivos sancionados
La multa corporativa asciende a 100,852.72 UIT (más de S/539 millones) y la aplicada a los cinco ejecutivos alcanza 262.67 UIT (más de S/1.4 millones).
Las compañías sancionadas incluyen:
- B Braun Medical Peru S.A.
- Instituto Quimioterápico S.A.
- Laboratorios AC Farma S.A.
- Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
- Laboratorios Americanos S.A.
- Laboratorios Lansier S.A.C.
- Pharmagen S.A.C.
- OQ Pharma S.A.C.
- Laboratorios Portugal S.R.L.
- Laboratorios Unidos S.A.
- Medifarma S.A.
- Pereda Distribuidores S.R.L.
- Teva Perú S.A.
Medidas correctivas para prevenir nuevas infracciones
Además de las sanciones económicas, Indecopi ordenó que las 13 empresas implementen programas de cumplimiento de libre competencia durante cinco años, con el fin de reducir el riesgo de reincidencia en prácticas colusorias dentro de futuras contrataciones públicas.