El titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Víctor Loyola Desposorio, es denunciado por acoso y hostigamiento sexual por una trabajadora de la institución. Aquí los detalles.
Cuarto Poder dio a conocer que el titular de la Sunafil, Víctor Loyola Desposorio, fue denunciado por hostigamiento sexual por una trabajadora de la institución.
Según la denunciante, Loyola la besó a la fuerza en dos oportunidades y le ofreció incrementarle el sueldo si aceptaba salir con él.
«(…) me encontraba sentada con mis audífonos en mi escritorio (…) y, en ese momento, el señor Víctor José Loyola Desposorio ingresa al despacho viceministerial de Trabajo y se acerca a mí tomándome de la cabeza con las dos manos y me besa a la fuerza en dos oportunidades, lo cual generó que forzara con él para que no lo haga (…)».
Pese a la denuncia presentada en dicho medio de comunicación, Loyola lo desmintió y aseguró que desconocía qué tenía alguna denuncia por ello. No obstante, esto sería falso, ya que ya se le notificó sobre esta acusación a través del oficio 0101-2022 del MTPE. Además, se le pide sus descargos textuales.
Este no es el único tema que se le imputa a Loyola, pues también se le acusa de la falsificación de documentos en su CV para alcanzar su actual posición. Por ahora, Loyola ha negado todo mientras que la víctima espera respuestas por parte de su agresor.
¿A cuánto ascienden las denuncias por acoso sexual en entidades públicas?
Según cifras del Servicio Civil (SERVIR), desde enero de 2021 hasta octubre de 2022 un total de 127 servidores y funcionarios públicos han sido denunciados por acoso y hostigamiento sexual. De estos casos, 85 son protagonizados por docentes, directores y demás trabajadores del sector Educación.
Asimismo, 113 funcionarios han sido destituidos de su cargo y 14 han sido suspendidos temporalmente.
De acuerdo a las resoluciones de Servir, los funcionarios y servidores públicos destituidos y sancionados pertenecían a las siguientes instituciones públicas: Unidad Ejecutora de Educación Vrae La Mar y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Aduanas, entre otros.