La Universidad César Vallejo invirtió desde el 2014 hasta el 2018 más de S/ 400 millones para adecuarse a la Ley Universitaria. Parte importante de esa inversión ha sido financiada mediante préstamos con bancos, a plazos mayores que los que acostumbraban manejar.
“Inicialmente trabajábamos con deudas de corto y mediano plazo. Ahora lo estamos pasando casi todo a mediano, entre ocho y diez años”, detalla la gerenta general Karina Cárdenas.
Pero más allá de este fuerte desembolso —que representa cinco veces su promedio anual de utilidades antes de impuestos, de alrededor de S/80 millones—, el licenciamiento ha obligado a la UCV a empezar a cambiar su modelo de negocios porque hasta antes del licenciamiento privilegiaba la rentabilidad sobre la calidad.
“Hemos ajustado el tema administrativo. Antes, por ejemplo, manejábamos compras por cada campus, hoy es una sola compra corporativa. El ajuste total fue de entre 20% y 30%”, dice Cárdenas.
Y del otro lado, la Sunedu detalla en su informe que “el incremento de recursos asignados para la prestación del servicio educativo en el periodo 2019-2021 —de 18%— es mayor al incremento del número [previsto] de estudiantes, de 6%.
Los alumnos
La Universidad César Vallejo tiene 96,790 alumnos de pregrado, pero si se suman los de postgrado y otros programas de actualización llegan a los 104,480 en total.
NO MÁS POLÍTICA
Un aspecto en el que la Sunedu hace especial énfasis en su informe es el vínculo entre la gestión de la universidad y la carrera política de su fundador. Hasta el 2014, los anexos de los estados financieros de la UCV detallaban “préstamos a accionistas” —entre los que estaba César Acuña— y “préstamos a APP”, su partido político. Según cifras de la ONPE, en la primera vuelta de la campaña presidencial del 2016, Acuña declaró haber gastado más dinero que todos los demás partidos, S/23.6 millones, y ya en el 2010 lo habían multado por recibir aportes “en exceso” de la UCV.
“Hasta hace un tiempo podía haber préstamos a accionistas y eso era un tema de ellos. Ahora ya no hay más préstamos a accionistas o empresas relacionadas. Solamente a trabajadores con sueldo menor a S/5,000, cuando tienen problemas económicos”, dice Cárdenas.
Como parte de su adecuación, la universidad ha incluido en su normativa la prohibición explícita de realizar estos desembolsos. “El propósito es que tengamos un manejo mucho más transparente. Siempre nos han preguntado si estamos usando los fondos para propósitos no universitarios”, agrega.
En línea con estos cambios, la universidad ha cobrado en los últimos años S/3 millones a sus empresas relacionadas, según Sunedu. Esta cifra, no obstante, todavía es chica frente a —por ejemplo— lo gastado por Acuña en el 2016. “Lo que se tenía de préstamos a APP ya se saneó. Hemos hecho un cronograma para cobrar los demás préstamos”, dice Cárdenas.
Otro de los compromisos asumidos por la UCV es reinvertir a partir de ahora el 70% de sus utilidades y repartir sólo el 30%.
En marzo de este año, César Acuña dejó de ser parte de su directorio y en el 2016 ya había renunciado a sus cargos directivos en la universidad.
La otra política reorganizada ha sido la de becas. Los opositores políticos de Acuña lo acusaban de utilizarla en forma indiscriminada para hacer clientelismo político.
“Antes venía una persona, decía ‘yo soy pobre’ y le dabas una beca. Ahora tiene que demostrar que tiene buen rendimiento académico”, cuenta Cárdenas.
Pese a todos los cambios, la Sunedu igual recomienda en su informe “procurar la idoneidad de los integrantes de su directorio, así como su independencia respecto a organizaciones con fines distintos a los educativos”. También exige que, en los próximos años, la UCV presente “evidencias sobre la implementación de la política de pago de dividendos y reinversión”.
¿Y LO ACADÉMICO?
Más allá de la estructura financiera, la esencia de una universidad es su producción académica. “No te estoy diciendo que todas las condiciones básicas [de calidad] (CBC) las teníamos superadas, pero había algunas que sí”, dice Cárdenas. Por ejemplo, en el 2016 la UCVya tenía 26% de profesores a tiempo completo —frente al mínimo exigido de 25% de las CBC— y esta proporción ha ido subiendo en los últimos años hasta 36%. Asimismo, al 2018-II ha reportado 68% de profesores con maestría, aunque una porción importante de ellos obtuvo —de forma válida— este grado académico en la misma universidad, según una fuente vinculada al licenciamiento.
El punto de las CBC en el que la universidad ha tenido que trabajar más ha sido la investigación, acepta su gerenta. “[Todas] las universidades peruanas en investigación están en pininos”, argumenta.
Como parte de su adecuación, la UCV creó el Vicerrectorado de Investigación, cuatruplicó su presupuesto en esa área (de S/2.5 millones a S/11.5 millones) y estableció, por primera vez, bonos para sus docentes investigadores. No obstante, su presupuesto para investigación todavía es apenas 2.4% del total y, al 2018, está todavía en el puesto 33 para el Perú del ranking SIR. Por eso la Sunedu señala como oportunidades de mejora “fortalecer la gestión en investigación” y “mejorar la producción académica”.
Otra medida que la UCV ha tenido que tomar es el sinceramiento de su oferta académica: desistió de 39 programas de estudios y de brindar el servicio educativo en cinco filiales. Esto acerca su ratio de alumnos por docente al promedio de universidades privadas licenciadas (ver gráfico), aunque lo mantiene todavía por encima. En cuanto a la tasa de admisión, la situación es similar: al 2016, la Sunedu reporta que el 70% de los postulantes a la UCV ingresaban, frente a una tasa de 74% en las universidades privadas licenciadas. Sin embargo, esta cifra ha ido cayendo y, en el primer ciclo del 2018, alcanzó el 91% para la UCV.
Por otro lado, en el 2018 la universidad invirtió S/1.3 millones en la compra de licencias de bases de datos científicas y un softwareantiplagio. En el 2016, la Universidad de Lima había confirmado evidencias de plagio en cuatro modalidades en la tesis de maestría de su fundador.