Telefónica exige al gobierno peruano 1,122 millones de euros en compensación por daños causados, que incluyen impuestos y provisiones fiscales aún no pagadas. La resolución de esta reclamación se conocerá entre finales de febrero y principios de marzo de 2025.
Para que se aclare esta situación, es necesario que se resuelva un arbitraje que lleva más de tres años en el Ciadi. Hasta que esto ocurra, la incertidumbre persistirá, ya que el monto en cuestión podría representar casi la mitad de las ganancias de Telefónica en 2023.
El equipo legal de Telefónica y sus asesores fiscales de Uría Menéndez están evaluando sus posibilidades en el Ciadi. Su objetivo no solo es recuperar los pagos ya realizados, sino también liberar las provisiones de otros impuestos exigidos por el fisco peruano.
Los pagos ya realizados suman 572,5 millones de dólares (523,6 millones de euros), considerados por Telefónica como injustos. Además, hay exigencias fiscales adicionales por hasta 647,2 millones de dólares (592 millones de euros) que la empresa no ha pagado, argumentando que infringen los acuerdos bilaterales entre España y Perú.
Telefónica se enfrenta a una decisión importante respecto a estas provisiones: mantenerlas en un entorno con alta inseguridad jurídica o reducir su deuda. Esta elección tendrá un impacto significativo en su estrategia financiera futura.
A estas cifras se suman 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros) relacionados con gastos emergentes. Estos incluyen costos por servicios legales y fiscales, así como las fianzas requeridas en procesos locales.
Situación de los intereses
El 80% de las cantidades que afectan a Telefónica desde hace tres décadas proviene de intereses acumulados por impagos que no son responsabilidad de la empresa. Esta situación se relaciona con los pagos ya realizados y las provisiones que la compañía ha tenido que enfrentar.
El litigio de Telefónica se encuentra en su fase final y podría establecer un récord en el Ciadi por su magnitud económica. La empresa presentó su denuncia ante este organismo el 12 de marzo de 2021, argumentando que las acciones del gobierno peruano violaban el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú.
En su denuncia, Telefónica alegó que las medidas adoptadas por el gobierno peruano infringían gravemente sus derechos bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Este acuerdo establece las obligaciones del país hacia los inversores españoles, lo que añade un peso significativo al caso.
El árbitro Luca G. Radicati, de nacionalidad italobritánica, evaluará si Perú actuó con justicia y equidad hacia Telefónica. También deberá determinar si el estado cumplió con su deber de mantener la estabilidad y no expropiar sin ofrecer compensaciones adecuadas.
Asesoría de los involucrados
El árbitro canadiense Henri C. Álvarez representa a Telefónica en el proceso, mientras que el italiano Attila Massimiliano Tanzi actúa en nombre del estado peruano. Además, Telefónica recibe asesoría legal de las oficinas de Uría Menéndez en Madrid y Lima, así como de los despachos de White & Case en Nueva York y México.
Los asesores de Telefónica fundamentan su caso en tres tipos de perjuicios. Estos incluyen el daño histórico por pagos realizados en Perú que violan el APPRI, la contingencia fiscal por montos exigidos por Perú que aún no se han pagado y el daño emergente por costos legales y fianzas en procesos locales.
Antecedentes
La disputa entre Telefónica y el gobierno peruano comenzó hace 22 años, cuando una comisión del congreso peruano presentó un Informe Especial sobre la privatización de empresas públicas. Telefónica adquirió la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) por 1.300 millones de dólares en 1994 y Entel Perú por 1.200 millones de dólares en 1999, ambas durante la administración de Alberto Fujimori.
Posteriormente, el gobierno de Valentín Paniagua, que se oponía a la dictadura fujimorista, encargó a la Sunat un análisis exhaustivo sobre Telefónica del Perú. Desde ese momento, la subsidiaria ha denunciado una persecución por parte de Sunat, considerando muchas decisiones arbitrarias y llevando sus quejas a los tribunales ordinarios, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
A lo largo de sus 30 años de operación, Telefónica del Perú ha contribuido con más de 2.675 millones de euros en impuestos al país. Actualmente, cuenta con más de 10 millones de clientes móviles y alrededor de 900.000 abonados a su servicio de fibra óptica.
