Telefónica del Perú ha detenido el cobro de su deuda tributaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tras acogerse a un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante Indecopi.
Proceso judicial y suspensión de pagos
La deuda, que supera los S/3,000 millones, corresponde a un impago del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001. Sin embargo, recientemente la empresa logró que el Estado le devuelva S/347 millones, más intereses.
Desde el año 2000, Telefónica ha estado en litigio con la SUNAT por una deuda tributaria que la empresa ha impugnado reiteradamente. En enero de 2023, la Corte Suprema falló a favor de la administración tributaria, estableciendo que la empresa debía pagar el monto adeudado.
Como resultado, en 2024, la empresa abonó S/1,361 millones, aunque estos pagos se realizaron debido a la ejecución de cartas fianza y no de manera voluntaria.
Ahora, al acogerse al PCO, Telefónica ha logrado suspender la cobranza del saldo pendiente, lo que significa que cualquier pago futuro dependerá de las negociaciones con sus acreedores, incluida la SUNAT.
Impacto del Procedimiento Concursal Ordinario
La empresa aseguró que su prioridad es mantener sus operaciones en el Perú, donde brinda servicios a más de 13 millones de clientes. La matriz de la compañía, Telefónica Hispanoamérica, ha otorgado una línea de crédito exclusiva para sostener sus operaciones, aunque esta no se destinará al pago de su deuda fiscal.
El desenlace del PCO será clave, ya que podría sentar un precedente importante para otras empresas en situación similar. Mientras tanto, el Estado evalúa su opción de apelar y seguir con el proceso judicial.
SUNAT y el futuro del caso
La SUNAT ha manifestado que continuará ejerciendo acciones legales para garantizar el pago de la deuda. No obstante, el proceso concursal obliga a la entidad a participar en las negociaciones junto con otros acreedores para definir el futuro de la obligación pendiente.
El caso de Telefónica del Perú se ha convertido en un ejemplo emblemático de las tensiones entre las grandes empresas y la administración tributaria. Su resolución podría marcar un antes y un después en la gestión de obligaciones fiscales en el país.