Telefónica del Perú, conocida comercialmente como Movistar, atraviesa una etapa decisiva en su historia corporativa. La compañía notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su Directorio ha aprobado someter a votación tres cambios importantes en los estatutos sociales, incluyendo la propuesta de modificar su razón social.
Este anuncio llega mientras la firma opera bajo el control de Integra Tec International, grupo argentino que adquirió la filial peruana en abril de este año. La decisión final recaerá en la Junta General de Accionistas, programada para el 9 de junio en modalidad virtual.
En caso de no alcanzarse el quórum legal, se han previsto nuevas convocatorias para el 13 y el 18 de junio, también de forma no presencial. El Directorio propone además la creación de una nueva clase de acciones preferenciales sin derecho a voto y la modificación parcial del estatuto social como consecuencia de los cambios planteados.
Telefónica afronta nuevo embargo de la Sunat por más de S/ 157 millones
Paralelamente a esta redefinición corporativa, Telefónica del Perú enfrenta una medida de fuerza por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). A través de resoluciones coactivas, se ha ordenado el embargo en forma de retención sobre cuentas, fondos y derechos de la empresa por un total de S/ 157.3 millones.
Esta medida busca asegurar el pago de obligaciones tributarias vinculadas al Impuesto a la Renta correspondiente a los años 2000, 2001 y de 2007 a 2010. La deuda es parte del extenso litigio fiscal que la compañía arrastra desde hace más de dos décadas con el Estado peruano.
Procedimiento Concursal Preventivo en evaluación por Indecopi
A este complejo panorama se suma la solicitud que Telefónica presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para acogerse a un Procedimiento Concursal Preventivo (PCP), formalizada el pasado 30 de abril.
Este mecanismo busca evitar una declaración de insolvencia definitiva y permitir que la empresa reestructure sus pasivos sin interrumpir sus operaciones, en coordinación con sus acreedores. Actualmente, la solicitud se encuentra en fase de evaluación por parte de la entidad reguladora.
