La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) trabaja en un marco normativo multisectorial que le permita recopilar información sobre el movimiento de bitcoin y otras criptomonedas en el país, con el objetivo de identificar posibles evasiones tributarias.
Javier Franco Castillo, jefe de la Sunat, confirmó que el organismo ya cuenta con capacidad operativa para ejecutar el control, pero que la norma —por ser de alcance multisectorial— aún requiere coordinación con otras entidades del Estado.
«Perú está muy avanzado en la parte operativa, Sunat ya está preparada. Pero lo que se está trabajando, porque es una norma multisectorial, es en los marcos normativos. Nosotros esperamos que a partir del segundo semestre se pueda recoger ello, tener ya la norma para recibir información de criptoactivos y trabajar en la identificación de posibles evasiones tributarias», declaró Franco Castillo.
La meta del organismo es tener aprobada la normativa antes de que culmine el año, en un contexto marcado por el cambio de gobierno y un plan de simplificación del sistema tributario.
Un mercado que ya no puede ignorarse
El avance regulatorio responde al crecimiento sostenido del uso de criptomonedas en el Perú. Según el índice de adopción global de Chainalysis, el país ocupa el puesto 34 a nivel mundial, por encima de Bolivia, Panamá y Guatemala.
El uso de bitcoin como medio de intercambio y reserva de valor se ha extendido incluso a economías locales en comunidades como Quebrada Verde, Huayopata, Huanchaco y Tarapoto, donde el activo digital ha dejado de ser un elemento especulativo para integrarse a la economía cotidiana.
Del reporte al impuesto: ¿Cómo es la hoja de ruta de la Sunat?
La iniciativa actual es la continuidad de una estrategia que empezó a tomar forma en 2025, cuando el entonces titular de la Sunat, Víctor Mejía, comenzó a evaluar la aplicación del Impuesto a la Renta a las ganancias generadas con activos digitales, en paralelo con los tributos aplicados a servicios de streaming y apuestas en línea.
La nueva norma obligaría en una primera etapa a reportar los movimientos con criptoactivos, lo que sentaría las bases técnicas para una estructura impositiva más completa.
Sin embargo, la Sunat deberá definir criterios clave: cuándo las ganancias en criptomonedas se consideran ingresos gravables, cómo clasificar estas operaciones dentro de las Rentas de Capital, y cómo tributará la minería digital.
Si los plazos se cumplen, la aplicación efectiva de un impuesto específico sobre los activos digitales sería viable recién en 2027.
La propuesta de la Sunat enfrenta un contexto particular: organizaciones como MOTIV Perú, que promueven el uso de bitcoin en comunidades, impulsan el activo bajo la premisa de mantener el valor financiero dentro de circuitos locales y al margen de las estructuras estatales centralizadas.
El desafío para el Estado no será solo recopilar datos, sino diseñar un esquema impositivo técnicamente aplicable a un ecosistema que funciona sin intermediarios y con usuarios que, en muchos casos, operan fuera del sistema financiero formal.