El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la «Cuarta modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Las Bambas» tras un exhaustivo proceso de evaluación ambiental.
Esta unidad se ubica en los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, así como en el distrito de Progreso, en la provincia de Grau, Apurímac.
Minera Las Bambas SA presentó la modificación, que implica una inversión superior a US$ 1,753 millones para la fase de construcción y US$ 4,893 millones para la etapa operativa, alcanzando un total de US$ 6,646 millones. Esta inversión refleja significativamente el compromiso de la empresa con el desarrollo del proyecto.
La Resolución Directoral N° 00146-2024-SENACE-PE/DEAR, emitida el 13 de noviembre de 2024, establece que esta modificación actualizará el plan de minado y aumentará el procesamiento. También incluye cambios en los accesorios y en el sistema de manejo de aguas, entre otras modificaciones.
Participación ciudadana y audiencias públicas
Durante el proceso de certificación ambiental, la empresa organizó 17 talleres de participación ciudadana y 2 audiencias públicas, con la asistencia de más de mil personas. Estas localidades se encuentran en el área de influencia del proyecto, lo que demuestra un compromiso con la comunidad.
Además, el Senace llevó a cabo 87 reuniones y visitas informativas dirigidas a comunidades campesinas, autoridades locales y organizaciones sociales. Estas actividades tenían como objetivo proporcionar información sobre la certificación de la cuarta MEIA-d de la Unidad Minera Las Bambas.
Las acciones realizadas se alinean con lo establecido en el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades Mineras. Este reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM y sus modificaciones.
Participación de la ANA
La evaluación ambiental del proyecto incluyó la participación de entidades técnicas vinculantes, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
También participaron entidades no vinculantes, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que emitieron opiniones técnicas favorables.
Gracias a estas contribuciones, el Senace otorgó viabilidad ambiental al proyecto, un paso crucial para la región de Apurímac y para el país. Este proceso se llevó a cabo bajo los más altos estándares técnicos, garantizando transparencia y una participación ciudadana efectiva.
La inclusión de diversas opiniones técnicas fortalece la fundamentación del proyecto y asegura que se considere múltiples perspectivas. Esta colaboración entre entidades refuerza la confianza en el proceso de evaluación ambiental.
Además, la viabilidad ambiental contribuye a la reactivación económica del país, promoviendo un desarrollo sostenible. La combinación de crecimiento económico y sostenibilidad ambiental es esencial para el futuro de la región.
