Los usuarios de billeteras digitales y cuentas básicas en el Perú tienen nuevos límites para operar: desde la publicación de la Resolución SBS N.º 00704-2026, cada transacción no puede superar S/3,300 (equivalente a 0.6 veces la UIT vigente de S/5,500), el saldo máximo por titular en un mismo emisor llega a S/10,450 (1.9 UIT) y el total de operaciones mensuales —incluyendo transferencias, pagos y conversiones— no puede exceder S/15,400 (2.8 UIT).
La norma, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), modifica los reglamentos de Operaciones con Dinero Electrónico y de Cuentas Básicas, y aplica por igual a ambos productos. El cambio más relevante no son solo las cifras: es la metodología.
Los topes dejan de estar expresados en montos fijos en soles o múltiplos de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y pasan a calcularse en función de la UIT, lo que significa que se actualizarán automáticamente cada año sin necesidad de una nueva resolución.
¿Por qué importa para el usuario común?
Billeteras como Yape y Plin —que operan bajo el esquema de dinero electrónico— y las cuentas básicas de bancos, cajas municipales y el Banco de la Nación quedan comprendidas en esta norma. Estos productos no cobran comisiones ni exigen saldo mínimo, y pueden abrirse solo con el DNI.
La SBS enmarca la medida en la Ley N.º 32413, que habilitó el uso de billeteras digitales para el pago de remuneraciones y obligaciones laborales. En ese contexto, uniformizar los topes entre ambos tipos de productos busca simplificar la operación tanto para las entidades financieras como para los usuarios.
Fondos respaldados y protección al usuario
La norma mantiene la exigencia de que el dinero electrónico esté respaldado por fondos en fideicomisos independientes, lo que protege a los usuarios en caso de que la empresa emisora enfrente dificultades financieras. También se conservan las obligaciones de transparencia en comisiones e información, y los mecanismos de reclamo.
Según la SBS, estos productos han sido herramientas clave para extender el acceso a servicios financieros en zonas alejadas de las ciudades y durante situaciones de emergencia, como las recientes lluvias que afectan varias regiones del país.