La Central Termoeléctrica de Malacas, de la empresa Enel Generación Piura, podría cerrar sus operaciones a raíz de un fallo judicial dictado en febrero de este año por un Juzgado Civil de Talara. Dicha medida ordena la transferencia a la empresa Gastalsa de un ducto que abastece de gas a la planta termoeléctrica de Enel y que le pertenece desde 1996.
Infomercado conversó con Rigoberto Novoa, gerente general de la empresa del sector eléctrico, sobre este controvertido fallo que podría ocasionar el cierre total de la termoeléctrica y la pérdida de más de S/20 millones y 400 puestos de trabajo.
¿Desde cuándo está presente Enel en Talara?
Novoa comenta que, en 1996 se adquirió la central termoeléctrica de Malacas, la cual tiene 25 años de generación eléctrica ininterrumpida, operando con gas natural.
«Nuestra planta tiene 330 MWh de capacidad instalada, genera 850 GWh anuales y todo con gas natural. Consumimos el 90 % del gas natural que producen las empresas que extraen petróleo asociado al gas», explica.
Ellos [las empresas petroleras] negocian su petróleo y el gas nos lo venden a nosotros para poder operar, esto como parte de privatización.
En los últimos cinco años, hemos invertido S/ 350 millones en nuestras plantas. Cuando compramos la planta, en 1996 había tres unidades pequeñas, que totalizaban más o menos 40 MW.
Ese año hicimos una planta de 105 MW; esa fue nuestra primera inversión. Después, en el 2013, hicimos una planta de 190 MW. Cuatro años más tarde hicimos otra planta de 50 MW, todo dentro de la central termoeléctrica Malacas.
Así hemos venido invirtiendo en el país. Desde el año 2016 hemos venido invirtiendo 350 millones de soles.
Cabe resaltar que en Piura, nosotros nos encargamos solamente de la generación de energía eléctrica, más no de la distribución de la misma.
¿Cuáles son sus planes a futuro?
Por supuesto, mantener nuestro nivel de generación en la zona era una de las cosas principales que teníamos planeado y mantener nuestras operaciones en el norte del Perú todavía en el largo plazo.
Sin embargo, todo esto se está viendo complicado ahora con este fallo judicial que nos está obligando prácticamente a transferir un ducto, que es de nuestra propiedad desde el año 96 y que fue ratificado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a lo largo de todos estos años.
Es decir, el propio estado peruano nos ha dado la razón, que [este ducto] es de uso propio, que tenemos propiedad, que no puede ser transferido forzosamente a ningún distribuidor futuro de gas, porque lo habíamos adquirido desde el 96.
¿Cuáles son las pérdidas de la empresa a raíz de este fallo judicial?
El cierre de las operaciones nuestras nos afecta tremendamente. Esa es la primera pérdida para Enel, pero independiente de eso, tenemos 400 puestos de trabajo directos e indirectos que se perderían porque tenemos alrededor de 30 contratistas.
La mayoría son de la zona y con ellos tenemos compromisos de más o menos S/ 20 millones de soles anuales. Eso ya no existiría, tampoco los 15 mil beneficiarios que tenemos de nuestra labor de proyección social.
Nosotros apoyamos a la escuela de Piedritas, la salud, campañas medioambientales, tenemos trabajo con los clubes de madres, etc. Todo eso se frenaría porque ya no estaríamos en la zona. Pero también el Estado perdería, porque pagamos S/ 14 millones anuales en impuestos.
¿Cuánto dejaría de percibir Talara a raíz de este fallo judicial?
Los contratistas con los que tenemos estos 20 millones de soles anuales, la mayoría son de Talara. También el sector gasífero tendría cierta repercusión negativa, porque ya no tendría un cliente de gas y, por ende, ellos tendrían seguramente una restructuración de sus operaciones que afecta directamente a la zona de Talara.
Entonces la zona de Talara, que ahorita está deprimida económicamente por toda la situación del término de obra que ya tienen en la refinería de Petroperú, se vería también afectada con todos estos cierres.
¿Qué medidas está tomando Enel para revertir este fallo judicial?
En primer lugar, nosotros somos respetuosos del sistema de derecho en el Perú. En este caso también se ha dictado una medida cautelar que nos obliga a hacer una transferencia [de nuestro ducto].
Nosotros estamos apelando, como es el debido proceso, en todas las instancias judiciales, a fin de que la vista de la causa en segunda instancia que será el 21 de junio en la Corte Superior de Sullana revise toda esta extrañísima decisión judicial del juez de Talara. Porque Enel tiene todas las pruebas necesarias como para que ese ducto no sea transferido forzosamente a un tercero.
¿Cree que hay algún interés escondido detrás de ese fallo judicial?
Para nosotros es totalmente sorprendente que el juzgado no haya revisado convenientemente las pruebas que hemos presentado en este proceso, que son por los demás, muy sencillas de comprobar, porque han sido generadas por el Estado.
Pero, evidentemente yo no sería quien para emitir un juicio sobre otras compañías y si tienen otro tipo de intereses. Lo cierto es que tenemos esta medida judicial que nos afecta porque saldríamos de las operaciones del norte del Perú, que ya tenemos consolidadas e incluso proyectadas hacia el futuro. Por tanto, es un golpe para la región [Piura].
¿Qué esperan que suceda en la segunda instancia?
Nosotros estamos muy confiados en que esta Corte Superior de Sullana, que está ahora compuesta por tres vocales, verdaderamente haga una revisión completa y se pueda revertir la sentencia que tenemos hasta este momento.
Si no es así, tendríamos que ser litigando en tercera instancia, porque tenemos que defender el derecho a la propiedad de las empresas privadas en el Perú. Porque claramente es una gravísima señal para todo el sector industrial y para todo el grupo de inversiones en el Perú. Mantener toda esta estabilidad jurídica es una de las bases para poder traer más inversiones al Perú.
¿Siente que con estos fallos el Estado no tiene intención de atraer más inversión privada?
La verdad que queremos pensar que es un tema muy puntual, queremos pensar que es un fallo que no ha sido revisado en toda su magnitud.
Sabemos que la empresa que está atrás de esto [Gastalsa] tuvo una concesión y después la perdió, y por lo tanto sus antecedentes no son de los mejores. Sin embargo, el hecho de pretender la transferencia de un ducto que es nuestro, nos extraña muchísimo.