En un contexto de presión fiscal y limitada ejecución de inversión pública, la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca eliminar progresivamente el gasto en consultorías, eventos y celebraciones financiados por el Estado peruano.
La propuesta legislativa, actualmente en revisión en la Comisión de Economía del Congreso, plantea un recorte significativo de los recursos destinados a asesorías externas y actividades no esenciales, redirigiendo ese dinero a sectores estratégicos como agua potable, infraestructura educativa y obras básicas en regiones vulnerables.
Gasto estatal en consultorías bordea los S/700 millones al año
Según el sustento del proyecto, el Estado peruano destina anualmente S/371.3 millones a contrataciones con empresas consultoras, principalmente para elaborar estudios, investigaciones o diseños técnicos. Además, se agregan S/90.4 millones por servicios de capacitación brindados por consultores individuales.
A esto se suma un gasto adicional de S/162.6 millones en organización de eventos institucionales y S/91.4 millones en atenciones protocolares y celebraciones diversas.
En total, estos rubros representan S/715.7 millones al año, un monto equivalente al 80% del presupuesto de Pronabec, que financia becas y créditos educativos para estudiantes de bajos recursos.
La bancada considera que estos recursos pueden tener un mayor impacto si se destinan a obras públicas esenciales. Por ejemplo, el documento compara el monto gastado en consultorías con el presupuesto que permitiría brindar agua potable y saneamiento a más de 40 centros poblados.
Una apuesta por la eficiencia en el gasto público
El proyecto de ley, liderado por el congresista Miguel Ciccia, argumenta que el gasto corriente del Estado ha crecido de manera sostenida desde 1991, y actualmente representa el 60% del presupuesto público nacional.
De ese total, un 40% se destina al pago de sueldos y beneficios del personal público, cifra que se eleva a 43% al considerar también los contratos de locación de servicios.
Para los impulsores de la medida, este tipo de gasto no solo limita la capacidad del Estado para ejecutar inversiones reales, sino que además refleja una estructura ineficiente que privilegia el mantenimiento de la burocracia antes que la atención de necesidades urgentes en la población.
En esa línea, la iniciativa propone reordenar el gasto y priorizar la inversión en proyectos de impacto directo, con una mejor relación costo-beneficio, en lugar de mantener prácticas que califican como “despilfarro”.