El proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa, se mantuvo paralizado desde hace más de una década, pese a los intentos de varios gobiernos por llevarlo a cabo. Este proyecto contempla la construcción de dos minas, Tía María y La Tapada, ubicadas en la provincia de Islay, una zona agrícola en la costa sur de Arequipa.
En 2011, el gobierno del expresidente Alan García enfrentó las primeras protestas tras la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa. El Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible el EIA en abril de ese año. Sin embargo, entre 2011 y 2013, la empresa realizó un nuevo EIA, aprobado en 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.
Dicho estudio estableció que el proyecto no usaría el agua del río Tambo, sino agua de mar procesada en una planta desalinizadora. Además, implementaron un plan de voladuras que minimiza la carga explosiva para reducir la contaminación de polvo.
Protestas frente al proyecto
En 2015, nuevas protestas estallaron contra el proyecto, resultando en la muerte de dos manifestantes y un policía. El entonces presidente Humala destacó la importancia nacional del proyecto y pidió a la población darle una oportunidad, aunque sin éxito.
Ese año, se reveló un audio donde el dirigente antimineros Pepe Julio Gutiérrez exigía 1,5 millones de dólares para suspender las protestas. En 2021, Gutiérrez y otros dirigentes fueron sentenciados a 16 años de cárcel por tentativa de extorsión.
Generación de empleo
El proyecto Tía María podría impulsar significativamente la economía peruana. Solo en la etapa de construcción, se generarían 9,000 empleos directos e indirectos. Durante la operación, se crearían 650 empleos directos y 5,200 indirectos.
La inversión proyectada asciende a US$ 1,400 millones. Además, se estima que la región Arequipa recibirá anualmente cerca de S/273 millones. Beneficiando a las localidades en la zona de influencia de la mina, como Cocachacra y la provincia de Islay.
Cabe señalar que Southern Perú Copper Corporation anunció que el proyecto minero de cobre iniciaría operaciones antes del 2027.
Supervisión y regulación ambiental
El Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que su sector supervisará que el proyecto cumpla con las regulaciones ambientales. Destacó la importancia del diálogo con los agricultores y grupos preocupados por el proyecto.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y el ministro de Economía, José Arista, resaltaron los beneficios económicos del proyecto y la inversión en infraestructura adicional, como una refinería en Moquegua.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Víctor Gobitz, resaltó que el proyecto contempla la construcción de una represa que almacenará más de 70 millones de metros cúbicos de agua. Beneficiando la agricultura en el Valle de Tambo. Solo el 15% del agua se destinará al proyecto minero, mientras que el resto mejorará la oferta agrícola y agroindustrial.