La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que inversiones por aproximadamente S/ 12,000 millones en el sector eléctrico corren el riesgo de no ejecutarse.
Esta pérdida se daría si la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprueba un proyecto de ley que cambia las reglas en esa industria
El proyecto de ley propone alterar el modelo regulatorio actual para la distribución eléctrica y reducir la tasa de actualización del sector eléctrico.
“Actualmente, de las 22 empresas distribuidoras de electricidad que hay en el Perú, solo 3 son privadas. En este sentido, una norma como esta pone en riesgo no solo las inversiones de las empresas públicas sino su eventual colapso”, señaló el gremio.
El gremio minero y energético manifestó que este es el “peor momento” para impulsar cambios como los planteados, debido a que generará “incertidumbre regulatoria que traerá consigo inestabilidad y una paralización de las inversiones”.
Duro golpe económico
La SNMPE precisó que el aprobar la Ley N° 5108 generaría un impacto negativo en la economía de las distribuidoras estatales que operan en el país.
La medida haría inviables las inversiones comprometida por aproximadamente 7,941 millones de soles que las empresas tenían previsto ejecutar en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ica, Arequipa, Cajamarca, Puno, Junín, Tumbes, Huánuco, Áncash, Pasco, San Martín, Huancavelica, Ucayali y Ayacucho.
En el caso de Lima, se podrían paralizar las inversiones en el mediano plazo por alrededor de S/ 4,000 millones. Estas estarían previstas para la atención de nuevos suministros en asentamientos humanos y zonas periféricas, a la expansión de la ciudad, el mantenimiento y renovación de redes y la mejora de la calidad del servicio.
“No ejecutar estas inversiones perjudicará a las familias que aún no cuentan con servicio eléctrico y a aquellas actividades o sectores que requieren de nuevos suministros de energía o mejora de las instalaciones”, explicó la SNMPE.
Además, subrayó que el proyecto agudiza la situación que atraviesan las empresas distribuidoras debido al impacto del COVID-19 y del aislamiento social, lo que les ha supuesto altos niveles de morosidad y un incremento sustancial de costos derivados de la situación sanitaria.