La estatal se encuentra en uno de sus momentos más difíciles, presionada por una crisis financiera y la mirada crítica de instituciones como la Defensoría del Pueblo y diversos colegios profesionales que cuestionaron el decreto emitido a finales de 2025.
Mientras ProInversión asegura que el proceso busca la sostenibilidad y no necesariamente la liquidación de la empresa, los críticos temen que todo esté diseñado para facilitar la venta de activos estratégicos como la Refinería de Talara.
La realidad financiera de la petrolera estatal
El debate sobre el futuro de Petroperú se da en un contexto de cifras económicas contrastantes. Por un lado, se recuerda que hacia finales de 2024 la empresa arrastraba pérdidas millonarias y no tenía dinero suficiente para cubrir sus gastos operativos básicos.
Sin embargo, la gestión reciente bajo la dirección de Alejandro Narváez logró reducir esas pérdidas en un ochenta y tres por ciento hacia finales de 2025.
Las proyecciones técnicas indicaban que la empresa estaba en camino a generar ingresos propios nuevamente y alcanzar resultados positivos para el año 2026, lo que cuestiona la urgencia de la medida privatizadora impuesta por el gobierno.
Posturas enfrentadas dentro del Ejecutivo
Luego de una jornada de movilización nacional contra el decreto que busca privatizar Petroperú, el presidente interino José Jerí mantuvo un encuentro con los líderes sindicales de la empresa estatal y representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, el 21 de enero de 2026.
Durante esta reunión, que contó con la presencia del ministro de Trabajo, los dirigentes manifestaron su profunda preocupación por las consecuencias que tendría desmembrar la petrolera bajo el nuevo decreto de urgencia.
Jerí escuchó las demandas de los trabajadores y solicitó la formación de un equipo técnico que presente pruebas sobre el desempeño real de la empresa hasta octubre de 2025, asegurando que tomará una decisión final tras analizar los argumentos de ambas partes.
A pesar de la apertura al diálogo mostrada por el presidente interino, existe una tensión evidente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras Jerí busca un espacio de evaluación, la ministra de Economía, Denisse Miralles, mantuvo una posición firme e intransigente, asegurando a los gremios que el decreto de privatización seguirá adelante sin posibilidad de revisión.
Esta situación llevó a que la Coalición Sindical advierta que no asistirá a la nueva reunión programada para este martes 27 de enero si el mandatario no garantiza la presencia de los titulares de Economía y de Energía y Minas para alcanzar un entendimiento real.
Dudas sobre la transparencia en el proceso de Talara
Otro punto crítico en esta crisis es la elección de la consultora internacional Deloitte por parte de ProInversión para supervisar la reorganización de la empresa y la posible privatización de la refinería de Talara.
Aunque el gobierno defiende que esta selección responde a estándares internacionales de transparencia, existen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Deloitte ya tuvo un rol decisivo y millonario en la modernización de la refinería años atrás, lo que le otorga un acceso privilegiado a información estratégica que podría inclinar la balanza en el proceso actual.