El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva y dispuso la captura nacional e internacional de Betssy Chávez.
La decisión se dio en medio de la crisis diplomática generada por el asilo que México le otorgó a la ex primera ministra.
Situación judicial de Betssy Chávez
El juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó el pedido del Ministerio Público para modificar la comparecencia con restricciones que mantenía Betssy Chávez en el proceso por el intento de golpe de Estado del 2022.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó la prisión preventiva el 7 de noviembre. El Poder Judicial realizó la audiencia el 13 del mismo mes.
El tribunal ordenó ejecutar la captura en el territorio nacional y en el extranjero. También notificó a la Policía Nacional, al área de Requisitorias y a Interpol.
Chávez afrontaba la etapa de alegatos finales luego de que el Tribunal Constitucional anulara la ampliación de su prisión preventiva por haberse aprobado fuera del plazo legal.
Asilo político y ruptura diplomática
La Cancillería confirmó el 3 de noviembre que Betssy Chávez ingresó a la residencia de la Embajada de México en Lima y recibió asilo político. Desde entonces, permanecía a la espera de un salvoconducto para abandonar el país.
El canciller Hugo de Zela informó que Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras la decisión del Gobierno mexicano.
La Cancillería afirmó que la concesión de asilo constituye una interferencia en los asuntos internos del país y generó un escenario de crisis bilateral.
Contexto del proceso penal
La Fiscalía investiga a Betssy Chávez por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la creación de un “Gobierno de excepción” y la imposición de un toque de queda.
La ex primera ministra enfrenta cargos por rebelión y conspiración y permaneció en prisión preventiva desde junio de 2023. Aunque la medida fue ampliada hasta marzo de 2026, el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación el 3 de septiembre de 2025 al concluir que la prolongación de su detención no tenía sustento legal.