La emblemática empresa estatal Petroperú enfrenta una de las crisis económicas más agudas de toda su historia. Luego de quedarse sin acceso a crédito, la estatal puso en riesgo el abastecimiento de gasolina y diésel, lo cual tuvo un impacto en el precio de los combustibles.
Frente a ello, el Ejecutivo debió salir a su rescate e inyectarle 4000 mil millones de soles para asegurar el suministro de combustible al menos por un mes más. A esto debió sumarle una línea de crédito hasta por 500 millones de dólares.
Los antecedentes de esta situación no son recientes. Según los especialistas, viene de años. Para el exviceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, el punto álgido de la crisis se vivió cuando a los ojos internacionales quedo en evidencia la falta de transparencia en su gobierno corporativo.
Como se recuerda, el pasado 15 de septiembre de 2021, se designó a Hugo Chávez como uno de los dos directores de Petroperú, pese a que no contaba con la experiencia técnica en el cargo.
Luego de tres semanas, ascendió a gerente general, para en marzo del presente año, renunció en medio de escándalos que apuntaban a presuntos sobornos al presidente Pedro Castillo para asegurar su nombramiento.
Este desgobierno a la interna de la empresa fue uno de los motivos por los que S&P Ratings y Fitch Ratings (empresas de riesgo) bajaron las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de ‘BBB-‘ a ‘BB+’, o más conocido como «bonos basura«. Con esta puntuación le es difícil a Petroperú acceder a créditos.
¿Cómo Petroperú podría mejorar su calificación crediticia?
De acuerdo con la empresa de riesgo Fitch Ratings, la empresa puede revertir su calificación crediticia negativa si cumple con los siguientes requisitos:
1. Obtener una fuerte inyección de capital por parte del Estado
En este sentido, la estatal ha recibido en lo que va del año dos millonarias ayudas por parte del ejecutivo. La primera se produjo en el abril y fue por un monto de 750 millones de dólares, mientras que la segunda fue aprobada a finales de octubre por un monto de 1000 millones de dólares (4000 millones de soles).
Pese a ello, se prevé que necesitará una tercera inyección de dinero si la refinería de Talara no empieza operaciones en los próximos dos meses. Puesto que para cubrir la demanda nacional, Petroperú requiere diez buques mensuales de diésel, tres de gasolinas y dos de GLP y turbo (para aviación). Con la refinería podría contar con al menos 10 mil barriles de petróleo al día, una suma aún menor pero necesaria para amortiguar en el corto plazo.
2. Proporcionar los estados financieros auditados del año 2021
Este es un problema que dejo la administración de Hugo Chavez. A principios de marzo del presente año, Petroperú informó que la empresa Price Water Cooper (PWC) no firmaría el contrato para la auditoría de sus estados financieros correspondientes al año 2021.
Según la Contraloría, el desistimiento de la firma británica obedecía a variaciones en el cronograma de trabajo y cláusulas de confidencialidad. La decisión fue tomada por la empresa Standard & Poor’s Global Ratings como una «clara señal del debilitamiento de la gobernanza de Petroperú».
Para el economista y expresidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes, la gestión de Hugo Chavez desencadenó la actual situación en la que se encuentra la empresa:
«(Hugo Chávez) redujo la transparencia, tenemos todo el problema del biodiésel que está siendo investigado. Eso es falta de transparencia. Tomó una serie de decisiones en el área financiera que llevaron a este descalabro financiero que hemos vivido. Llevó a que una empresa auditora como PwC no quiera auditar los estados financieros. Todo eso conllevó a una reducción de calificación de riesgo en la empresa, algo lo que costó muchísimo tiempo lograr, que se cierren las líneas de crédito, entonces entró una situación de liquidez terrible que lleva al desabastecimiento y todo esto rodeado de mentiras», declaró a RPP.
Por último, para el economista Manuel Romero Caro, a estas medidas se deben sumar otras decisiones que desde su punto de vista son poco viables para el gobierno de Pedro Castillo: la privatización o capitalización de acreencias.
La primera es difícil de imaginar dada la línea ideológica del actual gobierno, mientras que la segunda recibe la negativa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se rehúsa a capitalizar deudas por unos 2.000 millones de dólares para que la empresa pueda operar adecuadamente.