El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó el proyecto de ley 3494-2022/CR, que propone el restablecimiento de la pena de muerte en el Perú y el retiro del Estado del Pacto de San José de Costa Rica.
La propuesta busca reestablecer la pena de muerte para delitos comunes, lo cual, según Montalvo, se devolverá la “soberanía absoluta en materia acerca de la pena capital en el país”.
De aprobarse esta propuesta, un juez podrá sentenciar a una persona a la pena capital, la cual pasará a incluida en el Código Penal y admitida en la Constitución Política.
Según Montalvo, representante de Amazonas, con este cambio en la ley se terminará con la delincuencia y bandas criminales establecidas dentro y fuera del Estado, incluyendo actos de corrupción.
En su exposición de motivos, Montalvo describió una serie de ventajas para la aplicación de la pena de muerte, entre ellas, que es muy barata y no es necesario hacer una gran inversión en la construcción y mantenimiento de las instalaciones penitenciaras.
Pena de muerte implica rechazar tratado de derechos humanos
El congresista planteó denunciar a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), según lo establece el artículo 78 de ese órgano, donde se indica que “dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado denunciante de toda obligación de la Convención anterior a la fecha en la cual la denuncia produce efectos”.
“Es irrevocable, por lo tanto, no pueden burlarse posteriormente de la justicia. Puede prevenir actos de justicia popular. Es intimidatoria. El temor natural que se le tiene a perder la vida, hace que muchos hombres se abstengan de cometer delitos”, argumentó el congresista de Perú Libre.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica fue suscrita en 1969. Es un tratado de derechos humanos al que el Perú está adherido y es el más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
En 1990 la convención fue complementada con el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, con lo cual todos los Estados firmantes del pacto se comprometen a no implementar la pena capital.