Como parte de su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Perú inició el 1 de julio la reforma normativa con la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex – Ante, que implica que, de forma obligatoria, las entidades públicas deberán evaluar y garantizar que cualquier proyecto de norma brinde una solución efectiva y eficaz al problema público que se quiere abordar.
En esta primera etapa, serán catorce entidades del Poder Ejecutivo las que aplicarán de forma obligatoria el Análisis de Impacto Regulatorio.
Se trata de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Indecopi, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
Asimismo, el Ministerio de la Producción, Servir, Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Cofopri, OTASS y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
A partir de la fecha, antes de emitir una nueva norma las entidades deberán enviar su proyecto normativo a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (integrada por la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), con la finalidad de que evitar la duplicidad de normas, o que sean innecesarias, inaplicables o contradictorias; y asegurar que las que se aprueben tengan un enfoque centrado en el ciudadano.
Perú: ¿Cuál es el objetivo de esta reforma?
La reforma regulatoria permite que los equipos técnicos de las entidades públicas evalúen diversas alternativas de solución antes de emitir una norma, a fin de garantizar su buen diseño, promover el crecimiento económico y lograr una solución eficaz y eficiente para el problema que afecta a la sociedad, empresa y ciudadano; para lo cual fueron capacitados por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.
La reforma regulatoria forma parte de las recomendaciones que la Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económicos (OCDE) dio al Perú como parte del proceso de vinculación a este organismo. Actualmente, la OCDE ya definió la ruta que el Perú debe seguir para lograr su adhesión, siendo uno de estos puntos el de mejorar la calidad de las normas actuales y futuras.