El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial, ordenó que el Estado peruano pague 302 millones de dólares a la empresa española Enagás.
Esta cifra representa una corrección al fallo anterior, emitido en diciembre de 2024, que establecía una compensación de 194 millones de dólares por la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Enagás Vs. el Estado peruano
Enagás solicitó revisar ese laudo arbitral, alegando que no se habían calculado correctamente los intereses y costos del proceso.
El tribunal internacional le dio la razón, elevando la indemnización en más de 100 millones de dólares adicionales. Para la compañía, la decisión es una excelente noticia, mientras que para el Perú supone un nuevo golpe económico.
El origen del conflicto
La disputa comenzó en enero de 2017, cuando el gobierno peruano, liderado entonces por Pedro Pablo Kuczynski, anuló unilateralmente el contrato del GSP, un megaproyecto de 7,000 millones de dólares.
La decisión ocurrió en medio del escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, que integraba el consorcio junto a Graña y Montero y Enagás, cada una con el 25% de participación.
En diciembre de 2017, Enagás pidió una negociación directa con el Estado peruano. Al no lograr acuerdos, inició un arbitraje internacional en julio de 2018, con el objetivo de recuperar sus inversiones.
Enagás también reclamó por trabas para transferir ganancias
En paralelo al arbitraje, Enagás denunció que no podía repatriar dividendos obtenidos en Perú, especialmente los relacionados con su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Según la empresa, se le aplicó una norma (Ley N.º 30737) que restringía estos pagos, algo que, a su juicio, violaba acuerdos de protección de inversiones entre Perú y España.
El CIADI también falló a su favor en este punto. Enagás reafirmó su voluntad de buscar una solución consensuada: “Queremos un acuerdo amistoso que permita cumplir el laudo de manera beneficiosa para ambas partes”, declaró en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
La empresa añadió que mantiene 65 millones de dólares en depósitos en bancos peruanos, en línea con los requisitos exigidos por la legislación nacional.
Consecuencias económicas y falta de reacción oficial
El aumento de la compensación será reflejado en los estados financieros de Enagás durante el primer semestre de 2025, una vez que se complete el análisis técnico del fallo.
Por su parte, el Gobierno peruano, hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta corrección.
Este fallo evidencia los riesgos que asume un Estado al cancelar contratos millonarios sin consensos previos con los inversionistas.