La crisis política en la que se encuentra sumido el Perú será materia de análisis y evaluación por parte de una delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual llegará el 20 de noviembre.
La visita de misión durará tres días (2 de trabajo) y elaborará un informe final sobre la situación de inestabilidad en la cual viven hoy los peruanos: la lucha entre los poderes de Estado y los ataques y respuestas, que parecen cada vez más frecuentes, generando un clima de mayor incertidumbre.
La solicitud de Pedro Castillo
El gobierno peruano envío una carta el 12 de octubre a la OEA, firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. El mismo día, la Fiscalía planteó una denuncia constitucional contra Castillo por encabezar una presunta red responsable de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
«Solicitar a usted, señor secretario general (Luis Almagro), que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado».
Pedro Castillo Terrones en carta dirigida a la OEA.
Esgrimió argumentos que respaldaban la afirmación de que se estaba gestando una nueva modalidad de golpe de estado. En base a dichos planteamientos, y resaltando los artículo 17 y 18 , Castillo solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA acepta la solicitud
El 20 de octubre, la OEA realizó una sesión en la que se evaluó el pedido efectuado por el gobierno del Perú, en la cual se aprobó la activación de la Carta Democrática Interamericana en favor de Pedro Castillo.
Esta solo puede ser activada bajo tres causales: a solicitud del secretario general de la OEA, de otro país miembro o del propio gobierno del país afectado. El caso de Perú, la situación se ajusta a la tercera opción.
Paradójicamente, este mecanismo (la Carta Democrática) fue creado en el marco del gobierno de Alberto Fujimori. Las acciones del expresidente durante su decenio, como la disolución del Congreso y la Corte Suprema, el cambio de Constitución a conveniencia suya, la reelección consecutiva entre otros, llevaron al organismo a plantear una medida de contingencia ante situaciones de esa naturaleza.
De esta manera la Carta Democrática les permite actuar ante escenarios que impliquen «una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo».
OEA en Perú: Las críticas
Varios congresistas de las bancadas de oposición se han manifestado en contra de la visita diplomática. Algunos consideran desproporcional la activación de la Carta Democrática interamericana, especialmente, invocando a los artículos 17 y 18.
Sin embargo, el principal reclamo, al que se suman congresistas como José Williams (presidente del Congreso), Martha Moyano (Fuerza Popular) y María del Carmen Alva (Acción Popular), se relaciona con el tiempo de permanencia de la comitiva.
Según consideran, dos días de trabajo no son suficientes para atender a todos los involucrados. Aún menos para realizar un informe que de cuenta, a cabalidad, del panorama nacional.
La delegación de alto nivel
El día 20 de noviembre es la fecha designada su llegada, con el fin de iniciar la labor solicitada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
La misión está compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de diversos países: Santiago Cafiero, Eamon Courtenay, Juan Carlos Holguín, Mario Adolfo Búcaro y Julio César Arriola. Ellos son los representantes de dicha cartera en Argentina, Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay, respectivamente.
Además, completan la comisión, Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia; el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet, y el exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Eladio Loizaga.
El día 21 y 22 de noviembre, la delegación de la Misión OEA realizará sus labores. Ellos analizarán la situación de nuestro país y actuarán como intermediarios para incentivar el diálogo entre las partes involucradas.
Para ello se deben reunir con los distintos partidos políticos, con la sociedad civil, movimientos sociales, de trabajadores, de agricultores y demás. gremios empresariales de todos los sectores. Es decir: hay una larga lista de actores sociales con los que han de entrevistarse.