La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) expresó su rechazo a la demanda presentada por Brookfield Asset Management ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La empresa reclama más de US$ 2,700 millones al Estado peruano por la concesión de Rutas de Lima.
Brookfield demanda al Estado peruano
El fondo de inversión canadiense Brookfield inició el proceso arbitral el 12 de marzo de 2025 en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Según Ben Vaughan, gerente global de operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, la compañía se vio obligada a tomar esta medida tras considerar que la MML y otras entidades peruanas afectaron su inversión en Rutas de Lima.
«Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima haya tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica«, señaló Vaughan. Además, aseguró que la empresa está convencida de que el proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) les otorgará una compensación justa.
MML responde y cuestiona a Brookfield
En un comunicado, la MML lamentó la acción legal de Brookfield, calificándola como un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro del peaje de Chillón, por considerarlo perjudicial para los ciudadanos.
La municipalidad también recordó que sigue litigando en Washington contra Brookfield, al que señala como socio de Odebrecht, empresa involucrada en corrupción en el Perú.
Además, la MML cuestionó el papel del juez Chávez Tamariz, a quien responsabiliza por la demora en el fallo contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, bajo cuya gestión se firmó el contrato de concesión.
El conflicto y sus implicaciones
El caso de Rutas de Lima ha generado un prolongado conflicto legal. Brookfield sostiene que la suspensión del cobro de peajes vulnera su derecho contractual, mientras que la MML defiende que el contrato fue suscrito en condiciones perjudiciales para la ciudad.
El litigio internacional sigue en curso, con fallos previos de tribunales internacionales y una corte federal de EE.UU., que ordenaron a la MML pagar más de US$ 200 millones en compensaciones. Hasta la fecha, estos montos no han sido cancelados.
La Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de defender los intereses ciudadanos y anunció que continuará con las acciones legales necesarias para evitar lo que considera un perjuicio económico para el país.