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Más de S/10,500 millones no se ejecutaron en 2025: Ministerio del Interior gastó menos del 40% de su presupuesto

Aunque la inversión pública y privada alcanzó cifras históricas, cientos de proyectos previstos no se ejecutaron.

Por Infomercado
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inversión pública ministerio del Interior
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El año fiscal 2025 cerró con un saldo no ejecutado de S/10,504.91 millones en inversión pública, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el nivel de ejecución alcanzó el 85% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el monto pendiente representa una proporción significativa de los recursos asignados para obras públicas en todo el país.

Los gobiernos locales concentraron el mayor rezago, con una ejecución de solo 74.8% de su presupuesto, lo que dejó sin utilizar S/9,537.16 millones.

En contraste, el gobierno nacional ejecutó el 91.9% de sus recursos, con un saldo de S/ 2,068.84 millones, mientras que los gobiernos regionales alcanzaron una ejecución de 94.5%, dejando S/ 842.39 millones sin aplicar.

Sectores con ejecución parcial

Por sectores, el de Educación recibió S/ 4,184.58 millones, pero solo ejecutó el 87.1%. El sector Interior, con S/ 916.76 millones asignados, cerró el año con una ejecución inferior al 40%, según reportes del MEF.

En este último caso, el grueso de los recursos correspondía al Ministerio del Interior, que ejecutó apenas el 36.9% de su presupuesto. Su Oficina General de Administración, con más de S/ 570 millones asignados, solo aplicó el 18.6%.

Otros sectores con ejecución parcial incluyen Energía y Minas (91.6%), Agricultura y Riego (92.1%) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (91.6%).

En contraste, Transportes y Comunicaciones ejecutó el 95.8% de sus S/ 8,436.63 millones, siendo el sector con mayor presupuesto y uno de los más avanzados en ejecución.

Proyectos adjudicados y pendientes

Durante 2025 se adjudicaron 479 proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por más de S/ 4,700 millones. Además, se concretaron nueve Asociaciones Público-Privadas (APP) por US$ 3,683 millones.

Sin embargo, el incremento del tope anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que alcanzó los S/ 66,838 millones, no se tradujo en ejecución total. De ese monto, S/ 32,589 millones correspondían a gobiernos regionales y S/ 34,249 millones a gobiernos locales.

El Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) gestionó 152 permisos y hitos para 65 proyectos valorizados en más de US$ 85,900 millones. No obstante, solo US$ 2,542 millones se ejecutaron durante el año en sectores como minería, transportes, energía, salud y educación.

Municipios y regiones con ejecución dispar

En el ámbito subnacional, los gobiernos regionales con mayores presupuestos fueron Piura (S/ 1,089.79 millones), Loreto (S/ 1,054 millones) y Cusco (S/ 1,017.57 millones). Piura y Ayacucho lograron ejecutar el 100% de sus recursos, mientras que Loreto alcanzó el 99.6% y Junín el 94.6%.

En el extremo opuesto, la Provincia Constitucional del Callao registró un avance de solo 67%.

Entre las municipalidades de Lima, Villa María del Triunfo (S/ 84.35 millones), Ate-Vitarte (S/ 68.37 millones) y Miraflores (S/ 61.92 millones) lideraron en asignación presupuestal.

No obstante, Villa El Salvador, con S/ 61.62 millones, cerró con una ejecución de 82.4%.

Recursos disponibles no aplicados

La recaudación tributaria del Gobierno Central alcanzó los S/ 159,496 millones entre enero y noviembre, un crecimiento de 11.5% respecto al mismo periodo de 2024. Las reservas internacionales llegaron a US$ 92,141 millones, equivalentes al 29% del PBI.

Estos recursos permitieron financiar servicios esenciales, pero también evidencian que parte del presupuesto disponible no se tradujo en ejecución efectiva.

El déficit fiscal se ubicó en 2.3% del PBI anualizado a noviembre, cercano a la meta de 2.2%. En ese contexto, el Decreto de Urgencia aprobado en noviembre priorizó el cierre de proyectos en curso, sin incluir nuevas asignaciones para iniciativas que no alcanzaron ejecución.

Medidas normativas y asistencia técnica

Durante el último trimestre, el Gobierno de Transición y Reconciliación aprobó la nueva Ley de APP, que establece plazos máximos para la evaluación de modificaciones contractuales. También se avanzó en el Shock de Desburocratización, con 469 medidas culminadas y 187 barreras eliminadas.

A través de los 27 centros ConectaMEF, se brindaron más de 79,000 orientaciones especializadas, 74,000 asistencias técnicas y 1,500 capacitaciones a servidores públicos. Estas acciones buscaron fortalecer la gestión fiscal subnacional, aunque no todas se tradujeron en ejecución presupuestal efectiva.