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Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por sobornos en Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo 

La condena impuesta no solo implica privación de libertad inmediata, sino también la inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos públicos y la obligación de reparar civilmente al Estado.

Por Jordy Acevedo
2 minutos
Martín Vizcarra sentenciado
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El exmandatario Martín Vizcarra recibió condena firme de 14 años de presión efectiva y deberá pagar una reparación civil superior a S/4.6 millones, al ser hallado responsable de cohecho agravado y actos ilícitos en las adjudicaciones de los proyectos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

La sentencia, dictada por el tribunal a cargo del caso, valida la acusación de la Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato y cierra uno de los principales capítulos de judicialización política en el país.

Poder Judicial confirma pagos y favores ilegales

El Poder Judicial determinó que, en su gestión como gobernador regional, Vizcarra solicitó y recibió pagos ilícitos de Obrainsa e ICCGSA. El fallo incorpora testimonios directos de exdirectivos y validaciones documentales.

Para el Hospital de Moquegua, se verificó la entrega de S/1.3 millón, mientras que para Lomas de Ilo se acreditó el pago de S/1 millón, equivalente al 2% de un contrato de S/80.9 millones. Los montos, canalizados en sobres y maletines a distintas ubicaciones, fueron corroborados con pruebas periciales.

Además, la sentencia señala que Vizcarra aprovechó su posición para favorecer al Consorcio Obrainsa en el proceso licitatorio, utilizando información estratégica y gestionando contratos desde su cargo de presidente del proyecto Pasto Grande.

Contexto y alcance de la condena

La condena impuesta no solo implica privación de libertad inmediata, sino también la inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos públicos y la obligación de reparar civilmente al Estado. El fallo refleja la ratificación de testimonios claves, como los de Elard Tejada Moscoso (Obrainsa) y José Manuel Hernández.

Vizcarra, quien ya había sido inhabilitado por el Congreso y enfrentó prisión preventiva previamente, mantiene su postura de inocencia, pero la resolución judicial sostiene que «sí solicitó y recibió la coima», concluyendo un proceso que marca nuevo precedente en la lucha contra la corrupción en contratación pública.