El expresidente de la República, Martín Vizcarra, líder del partido Perú Primero, enfrentará cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, según orden del Poder Judicial. La medida se enmarca en las investigaciones por presuntos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
¿Por qué Martín Vizcarra irá a prisión preventiva?
El miércoles 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz de la Corte Superior Nacional determinó la prisión preventiva debido a presuntos pagos ilícitos recibidos por Vizcarra durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. La resolución judicial incluye a diez empresas en el caso y argumenta riesgo de fuga y posibilidad de obstaculización de las investigaciones fiscales.
La acusación sostiene que el exmandatario habría recibido 2.3 millones de soles en sobornos a cambio de adjudicar obras públicas a los consorcios Obrainsa-Astaldi e ICCGSA-Incot. La Fiscalía tipificó el delito como cohecho pasivo propio, solicitando 15 años de cárcel y nueve de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El Ministerio Público imputó a Vizcarra por entregar información confidencial del proyecto agrícola Lomas de Ilo al consorcio liderado por Obrainsa, que habría pagado un millón de soles y cubierto costos logísticos, incluido el alquiler de una avioneta, entre enero y abril de 2014.
En el Hospital Regional de Moquegua, se alega que la firma del contrato se condicionó al pago de S/1.3 millones por parte del consorcio hospitalario integrado por ICCGSA e Incot, gestionado parcialmente por el exministro José Hernández. Las constructoras no enfrentan cargos penales directos, pero sí una demanda civil por una reparación al Estado equivalente a S/4.6 millones.
Despliegue judicial
El proceso se inició con una investigación preliminar en 2020 y culminó con la audiencia del 13 de agosto de 2025. La Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato indicó que Vizcarra modificó términos de licitaciones a cambio de ventajas económicas.
Vizcarra rechazó las imputaciones en audiencia y aseguró haber actuado conforme a la ley. Su abogado, Erwin Siccha, cuestionó la falta de pruebas directas y la fiabilidad de los colaboradores eficaces.
Tras la decisión judicial, Vizcarra publicó un video en TikTok denunciando un acuerdo político que, según él, estaría detrás de la medida. Además, recordó sus procesos de vacancia e inhabilitaciones políticas acumuladas y pidió atención de la comunidad internacional y de los jóvenes peruanos frente a lo que calificó como riesgos para la democracia.
Traslado y seguimiento
El traslado de Vizcarra se realizó hacia la carceleta del Poder Judicial en La Victoria, bajo resguardo policial, y decenas de simpatizantes de Perú Primero se reunieron en las inmediaciones.
La defensa anunció que apelará la medida argumentando arraigo familiar y profesional del exmandatario. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coordina la reclusión temporal en el penal Barbadillo, que también alberga a otros expresidentes peruanos.