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Lula da Silva cumple promesas electorales y revoca medidas del gobierno de Bolsonaro

Freno de las privatizaciones, limitación al acceso de armas, protección de la Amazonía y el fin de la confidencialidad son las primeras medidas del nuevo presidente de Brasil.
Por Gabriel Naquiche
2 minutos

Tan solo tiene cinco días en su mandato y ya comenzó a cumplir algunas de las promesas electorales. Lula da Silva revocó medidas del anterior gobierno (Jair Bolsonaro) en sus primeras 24 horas como presidente tras asumir el cargo este domingo 1 de enero del 2023.

El flamante presidente de Brasil, por tercera vez consecutiva, comenzó a trabajar desde el primer día de gobierno y estas son algunas de sus tajantes medidas.

Freno a las privatizaciones

El presidente electo ha revocado los procesos de privatización de ocho empresas estatales impulsadas por el exjefe de Estado, Jair Bolsonaro.

Lula ordenó a sus ministros que presenten propuestas para sacar del proyecto de privatización a empresas públicas como la petrolera Petrobras o el servicio postal Correios.

Esto conllevó a que las acciones de Petrobras se desplomaran ese mismo día que el mandatario brasileño dio la orden.

Limitación al acceso de armas

El mandatario decidió, mediante un decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CACs) civiles. Asimismo, prohibió la autorización de nuevos clubes o escuelas de tiro.

Protección de la Amazonía

Según un comunicado el equipo de prensa de Lula, se restableció el Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania. Como se recuerda, esta había sido despreciada por el gobierno de Bolsonaro.

Fin de la confidencialidad

Lula demandó que sean revisadas en un plazo de 30 días las numerosas decisiones de Bolsonaro que impusieron confidencialidad sobre informaciones y documentos de la administración pública. Según el presidente, esa medida era un «retroceso sobre la política de transparencia pública».

Como se recuerda, Jair Bolsonaro decretó la confidencialidad de documentos públicos por 100 años en varias ocasiones como estrategia para negar el acceso a la información.