El 31 de marzo de 2025, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, defendió en un acto público en San Juan de Lurigancho la inversión de 900 millones de soles en infraestructura. Estos fondos provienen de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y se destinan a proyectos clave en Lima Este. Además, en su discurso, López Aliaga critica la estabilidad jurídica del país.
Durante su discurso, López Aliaga criticó la estabilidad jurídica. Afirmó que esta protege a empresas corruptas. Además, resaltó que la cifra invertida es histórica y que hace dos años era “impensable”. También cuestionó la inacción de gestiones anteriores en la mejora de esta zona de la capital.
Proyectos clave en Lima Este
López Aliaga detalló dos proyectos principales ya adjudicados. El primero es un bypass en el cruce de las avenidas Las Torres y Ramiro Prialé. Este tendrá una inversión de 120 millones de soles y estará listo en pocos meses. El segundo es la ampliación de la autopista Ramiro Prialé. La obra se extenderá desde Ñaña hasta Morón, en Lurigancho-Chosica. También incluirá un puente para agilizar el tránsito.
El alcalde lamentó que estos problemas persistan desde hace años. Según él, la “estabilidad jurídica” favorece a empresas corruptas como Odebrecht, OAS y Graña y Montero. “Me van a disculpar, pero váyanse al car**o con su estabilidad jurídica. No puede haber estabilidad jurídica para delincuentes”, declaró visiblemente molesto.
Experiencia personal y medidas tomadas
López Aliaga compartió una experiencia que lo marcó. El 26 de junio, una persona falleció en una ambulancia a su lado mientras él tardaba cuatro horas en llegar a Chosica debido al tráfico.
Este incidente lo impulsó a actuar. Contactó a cada regidor y les dijo: “Se me ha muerto un vecino por culpa nuestra”. En respuesta, la MML declaró la vía en emergencia y emitió una ordenanza para mejorarla. Según el alcalde, Odebrecht, Rutas de Lima ni Brookfield nunca tomaron estas medidas.
Conflicto con Brookfield
En marzo de 2025, Brookfield, una firma global con sede en Toronto, inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano. La empresa reclama 2,700 millones de dólares ante el CIADI. Alega una expropiación ilegal de su participación en Rutas de Lima S.A.C.
Sin embargo, López Aliaga aseguró que el Estado no pagará esa suma. Argumentó que el Tribunal Constitucional anuló los contratos con Odebrecht. Además, consideró inválidos los laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima, que obligan a la comuna a pagar más de 200 millones de dólares. Actualmente, estos fallos están en apelación.
Postura frente a los peajes
López Aliaga enfatizó que la eliminación de los peajes de Lima Norte y Sur responde a la voluntad popular. Además, aseguró que la MML no es responsable por las pérdidas de Rutas de Lima.
Por su parte, Brookfield sostiene que las decisiones del Estado peruano afectan su inversión. La empresa se respalda en fallos de tribunales internacionales y una corte federal en Estados Unidos. A pesar de esto, la municipalidad no ha efectuado los pagos ordenados, lo que intensifica el conflicto con la empresa canadiense.