El mercado de vivienda en Lima Metropolitana mantiene un ritmo de expansión sostenido. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), las ventas alcanzaron 6,975 unidades en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 41% respecto al mismo periodo de 2024.
Tendencia sostenida en ventas
Este resultado marca la séptima alza consecutiva desde el tercer trimestre de 2023, cuando se colocaron 3,098 unidades. Si el ritmo continúa, el año cerraría con 25,000 viviendas vendidas, un avance de 18.4% frente a 2024 y por encima de los niveles registrados durante el boom inmobiliario del periodo 2011-2013.
El crecimiento se explica principalmente por la vivienda no social (44%) y el programa Mivivienda (41.6%). En contraste, Techo Propio mantiene baja participación en Lima, lo que refleja un problema estructural en la atención de la demanda social, según Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.
Rango 5: una alerta para el sector
Un punto crítico es el rango 5, que concentra gran parte del mercado. Pese a la alta demanda, las restricciones municipales y la exclusión de la categoría de vivienda social por parte del Ministerio de Vivienda limitaron su desarrollo.
En el último trimestre, este segmento registró una leve contracción en ventas por menor disponibilidad de proyectos.
La mayoría de zonas urbanas de Lima mostraron incrementos de dos dígitos en comparación con 2024, salvo caídas puntuales en algunos distritos. Destaca la preferencia por viviendas de hasta 50 m² y por unidades entre 91 y 150 m², mientras que las de más de 300 m² siguen siendo marginales.
Retos del sector: redefinir la vivienda social
Aunque los precios se mantienen estables gracias a tasas de interés moderadas y a subsidios estatales, Capeco advierte que la escasa reposición de proyectos podría presionar al alza en el futuro.
Valdivia enfatizó que el reto no es solo mantener el dinamismo, sino rediseñar la vivienda social para incluir a la clase media. Esto debería integrarse en un acuerdo nacional de largo plazo, vinculado a políticas de salud, educación, infraestructura y desarrollo territorial.