Perú tardó quince años en reducir su pobreza del 59% al 20%. La pandemia le bastó mucho menos para revertir gran parte de ese camino. Hoy, el 27.6% de los peruanos vive en situación de pobreza, según el INEI, la misma proporción registrada en 2011, lo que implica que más de una década de avances sociales ha quedado borrada.
Así lo advierte un análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), que señala que desde el mínimo histórico de 20% alcanzado en 2019, la aguja no ha logrado retomar su trayectoria descendente con la misma fuerza de años anteriores.
Según el Banco Mundial, en ese período de reducción sostenida cerca de 10 millones de personas salieron de la pobreza, impulsadas principalmente por el crecimiento económico.
La pobreza ya no es la de antes
El economista Oswaldo Molina, director fundador de REDES, señala que el estancamiento actual no es solo coyuntural. «Estamos frente a un estancamiento en la reducción de la pobreza, más rígido y mucho más difícil de romper.
La pobreza de hoy ya no es la de hace quince años: es más compleja, más urbana y más persistente. Sin embargo, el Estado sigue respondiendo con herramientas diseñadas para otra realidad, lo que reduce la efectividad de las políticas y nos impide dar el siguiente salto», afirmó.
El cambio más visible es geográfico. En 2019, el 57% de la población pobre vivía en zonas urbanas; para 2024, esa proporción se elevó a 73%, de acuerdo con el INEI.
Este desplazamiento transforma el perfil del problema: la pobreza urbana se concentra en el empleo informal, la débil integración al mercado laboral y un costo de vida elevado, sin las redes de soporte —agricultura, comunidad— que caracterizan a la pobreza rural.
«Los programas sociales han cumplido un rol importante en la reducción de la pobreza rural, pero su impacto en las ciudades es más limitado.
Por ello, la respuesta debe ir más allá de las transferencias y avanzar hacia una agenda estructural que incluya formalización del empleo, mejor conectividad entre zonas periféricas y centros económicos, y acceso adecuado a servicios básicos», subrayó Molina.
La agenda que el próximo gobierno tendrá que asumir
Con la pobreza instalada como uno de los principales desafíos del próximo gobierno, REDES identifica varios frentes de acción. El primero es rediseñar y ampliar los programas sociales para responder con mayor rapidez a los hogares que han caído recientemente en pobreza.
El segundo es consolidar un sistema de protección social más integral, que no solo alivie la pobreza sino que reduzca la vulnerabilidad ante crisis económicas o desastres naturales.
A ello se suma fortalecer la capacidad del Estado para actuar con agilidad en situaciones de emergencia, mediante mejores sistemas de información y mecanismos de respuesta más rápidos.
Sin embargo, Molina advierte que ninguna de estas medidas es suficiente sin crecimiento económico sostenido. «Sin una expansión de la actividad productiva es difícil generar empleo de calidad y reducir de manera duradera la pobreza.
El contexto actual exige volver a colocar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública, con el objetivo de reducir de manera sostenida la pobreza extrema y retomar una trayectoria clara de mejora social», concluyó.