Roberto De La Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), expresó su preocupación por el aumento de la corrupción en el país. Este problema podría obstaculizar el proceso de adhesión en Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la corrupción es el segundo gran desafío tras la inseguridad ciudadana.
Unirse a la OCDE representa un paso estratégico para Perú, ya que podría mejorar la economía local. Además, esta adhesión impulsaría el desarrollo social y sostenible en el país.
Durante su intervención en el IV Foro Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, De La Torre destacó que los casos de corrupción en instituciones públicas han aumentado un 9% en el primer semestre del año. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 6,294 casos de corrupción en ese período.
¿Cuál es la situación de Perú?
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) revela que Perú ha retrocedido 20 posiciones desde 2012. Actualmente, ocupa el tercio inferior entre 180 países, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.
“Dicho resultado, al compararse con países de la OCDE, coloca a Perú en el penúltimo lugar”, enfatizó De La Torre. Solo está por encima de México, que también enfrenta serios problemas de corrupción, delincuencia y narcotráfico.
En esta evaluación, Perú logró 33 puntos sobre 100 posibles, una calificación muy baja. En contraste, países como Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85) destacan por su buen desempeño en el control de la corrupción.
Los dos más grandes desafíos en el Perú
Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, afirmó que la corrupción en la principal causa de vergüenza para el 57% de los peruanos. Esta cifra proviene de un estudio realizado por lpsos, que resalta la gravedad del problema en el país.
“Es un problema cotidiano, visible y real que desmoraliza y nos deja indefensos frente a un sistema de justicia, donde el 41% de los peruanos también considera ineficaz”, subrayó Lanzara. Su declaración pone de manifiesto la desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Lanzara también mencionó que la inseguridad se suma a la corrupción como una fuente de vergüenza para el 52% de los ciudadanos. Consideró que ambos problemas están interrelacionados, ya que “la corrupción permite que el crimen prospere, arrebatando la tranquilidad y las oportunidades de crecimiento”.
Medidas tomadas
Ana Reátegui, secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, destacó el esfuerzo del sector privado por implementar sistemas de gestión de cumplimiento. Estos sistemas son esenciales para alcanzar los estándares legales, regulatorios y éticos promovidos por la OCDE.
Reátegui enfatizó que su institución cree firmemente en la importancia del apoyo del sector privado. En el proceso de actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, vigente hasta 2040, se priorizará incrementar la participación del sector empresarial y otros actores sociales.
“La coordinación y la articulación entre el sector público y las empresas afianzarán el objetivo común que es reducir significativamente la tolerancia a los actos de corrupción”, afirmó Reátegui. Ella está convencida de que este enfoque es fundamental para construir una sociedad más íntegra.
El evento también contó con la participación de autoridades, miembros de la sociedad civil, académicos y representantes de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La diversidad de asistentes refleja el interés colectivo en abordar estos problemas críticos.
Este tipo de encuentros es vital para fomentar un diálogo constructivo sobre cómo enfrentar la corrupción y mejorar la integridad en todos los sectores. La colaboración entre diferentes actores es esencial para lograr cambios significativos en el país.