Juan José Santivañez, nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, asume el cargo en medio de cuestionamientos judiciales y con una postura firme respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José): está a favor de que el Perú se retire de este sistema internacional.
Santivañez y la pena de muerte
Antes de llegar al ministerio, el Gobierno de Dina Boluarte ya había encargado a esta cartera organizar reuniones en distintas regiones para debatir la aplicación de la pena de muerte.
En ese contexto, Santivañez expresó su apoyo a denunciar el pacto porque considera que “existen delitos en donde la posibilidad de resocialización es inviable, como la violación de niños o personas vulnerables”.
El ahora ministro incluso sostuvo que delitos como el sicariato también deberían ser castigados con la pena capital.
Procesos judiciales en curso
La designación de Santivañez también genera controversia por su situación legal. El Poder Judicial le impuso 18 meses de impedimento de salida del país en un caso de presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, habría solicitado dinero a allegados de un cliente preso para influir en decisiones judiciales y penitenciarias.
La Corte Suprema advirtió un posible riesgo de fuga, debido a que la pena que podría enfrentar asciende hasta los 12 años de prisión y a sus antecedentes de viajes al extranjero.
Reformas en camino
Pese a estas investigaciones, Santivañez tendrá un papel clave en la reforma legal que impulsa el Ejecutivo. La presidenta Boluarte anunció que pedirá al Congreso facultades legislativas para modificar el Código Penal, lo que pone al Ministerio de Justicia en el centro del debate político y jurídico.
Tensiones con la Corte IDH
El nombramiento de Santivañez se produce en un escenario de fricciones crecientes entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El origen del conflicto está en la reciente aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, norma que busca archivar procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia interna.
La Corte IDH emitió una resolución en la que pidió al Estado peruano abstenerse de aplicar la norma, señalando que contraviene estándares internacionales y podría favorecer la impunidad en casos de lesa humanidad.
La presidenta respondió rechazando esta posición, argumentando que la Corte no puede intervenir en las decisiones del Poder Legislativo ni condicionar la soberanía nacional. Este cruce de posturas elevó las tensiones diplomáticas y abrió el debate sobre una posible salida del Perú de la Convención Americana, idea respaldada por sectores del oficialismo y, ahora, por el propio Santivañez desde el Ministerio de Justicia.