La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso votará en los próximos días la aprobación del dictamen que propone evaluar un incremento del sueldo mínimo o remuneración mínima vital (RMV) cada año.
Según el Proyecto de Ley Nº 1588/2021-CR, la RMV no debería ser “congelada por varios años”, sino que debería ser fijada cada año, por lo cual se propone una Ley que establece la aplicación, periodicidad, criterios y procedimiento para determinar la remuneración mínima vital.
Actualmente el sueldo mínimo es S/ 1025. Fue actualizado en mayo de 2022, luego de permanecer cuatro años en S/ 930. Con la norma propuesta en el Congreso, este monto podría ajustarse todos los años, previo acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).
Al respecto, Infomercado conversó con Jorge Toyama, especialista en derecho laboral y socio del estudio Vinatea & Toyama, quien explica la importancia de que el sueldo mínimo cuente con un sustento técnico a fin de que sea predecible y despolitizada.
Toyama, sin embargo, se muestra en desacuerdo con otras medidas que ha adoptado el actual gobierno en materia laboral.
En el Congreso se propone actualizar la remuneración mínima vital todos los años. ¿Cuál es su opinión?
– Creo que es bueno que el sueldo mínimo vital sea predecible y se despolitice, que no sea un instrumento en la agenda política del gobierno de turno, como ha sido hasta la fecha. Y es bueno, además, que en el proyecto de ley se diga que tiene que pasar por el CNT, y solo si no se llega a un acuerdo entre sindicato y empresa, el gobierno dirime.
¿A qué se refiere con que la RMV debe despolitizarse?
– Lo que dice el proyecto: predictibilidad, seguridad.
¿Que el sustento sea técnico y no político?
– Exacto. Creo que la norma es válida, pero el proyecto debe tener una excepción, que es el acuerdo social.
¿En qué sentido?
– Dar la chance a las partes de que por temas de crisis, por ejemplo, no necesariamente sea todos los años. En una crisis sanitaria no parece razonable que haya aumentos obligatorios anuales. Lo otro es el tamaño de la empresa y la productividad. Perú es uno de los países, junto con Bolivia, con más microempresas, y el gran problema es que el sueldo promedio en la microempresa y en el mundo informal es como S/ 950, es decir, está por debajo del mínimo vital. Entonces, seguir elevando el mínimo vital a rajatabla, sin tener en cuenta la productividad de las empresas, que se relaciona con el tamaño, no parece razonable.
También habría que considerar que la RMV debería ir acorde al costo de la canasta básica.
– La canasta básica familiar no lo mismo que el sueldo mínimo. En promedio, en Perú, por cada dos familias en una trabajan dos [personas], y se supone que la canasta básica es la suma de esos dos ingresos.
¿Y cuál es el sueldo promedio en el Perú?
– El sueldo promedio en la gran empresa formal bordea los S/ 1500, para arriba. En una empresa informal está por los S/ 800. El sueldo promedio nacional en el Perú es S/ 1200. Entonces, hay muchas brechas entre el más formal y el menos formal, y en cuanto al tamaño de la empresa. Estos conceptos tienen que estar relacionados con la productividad de las empresas, que está vinculado con el tamaño de la empresa.
¿Podría en el Perú establecerse un sueldo digno más que uno mínimo, como ocurrió en Ecuador?
– Yo estoy de acuerdo con un sueldo digno o decente, pero eso tiene que estar alineado con el tamaño y la capacidad de la empresa. El Estado debe regular sobre la realidad. El sueldo mínimo tiene que estar acompañado, previamente o en paralelo, de políticas y normas que incentiven la formalidad. Pero si el foco, como ocurre en este gobierno, es la gran empresa formal… En el Perú hay solo 3 millones 700 mil trabajadores en el sector privado formal, si a eso le agregas el Estado, son 5 millones de peruanos. La PEA peruana son 18 millones, entonces, estamos regulando solo para 5 millones.
Pero también existe informalidad dentro del sector formal.
– Estoy de acuerdo, pero tampoco hay incentivos. En un país donde la informalidad es 77%, es bien difícil pensar solo en la gran empresa. Aquí la clave es cómo la gran empresa contribuye socialmente a esto: dándole incentivos. Por ejemplo, si contratas a una microempresa, solo pedirle factura para contribuir al IGV y que eso le sirva para pagar 1% menos de impuestos; o que la microempresa tenga una ventaja tributaria si todos sus trabajadores están en planilla.
¿Eso no existe ya?
– No, yo hablo de la microempresa que es proveedora. ¿Qué microempresa trabaja todos los días en una gran empresa? Concesionarias de alimentos y alguna de mantenimiento, no hay más. El problema de la microempresa no es la que está laborando en el gran centro de trabajo, sino la que está fuera.
Jorge Toyama: «Lo social prima sobre lo legal»
¿Qué consideraciones debería tener en cuenta el Congreso respecto a la RMV?
– Permitir que el CNT pueda modificar cualquier condición que está en la ley. Si las partes consideran que este año el aumento debe ser por regiones, o por productividad o tamaño de la empresa, eso debería primar. Si las partes consideran que este año no haya aumento, pero el otro año sí, lo social prima sobre lo legal. El acuerdo paritario entre las partes puede mandar sobre lo legal. En España las reformas laborales del año pasado fueron parte del diálogo social: sindicato y empresa se pusieron de acuerdo y obligaron al gobierno y al congreso español a promover la ley tal cual la aprobaron las partes.
¿Cómo valora las medidas laborales adoptadas en el último año?
– Además de un gobierno muy intervencionista, todo lo hace a espaldas del diálogo social. Se supone que en el CNT se dialogan las normas, y este gobierno ha emitido tres normas relevantes en materia laboral a espaldas del diálogo social. Uno, el [sueldo] mínimo vital. Dos, limitaciones a la ley de tercerización, es decir, las empresas ya no pueden contratar a terceros para actividades nucleares. Y tres, un reglamento que fortalece los sindicatos y propicia las huelgas.
Pero fue el sector empresarial el que se retiró del CNT.
– Pero recién luego de que estas tres normas salieran, a pesar de que el gobierno se comprometió al diálogo social. La salida [del sector empresarial] no ha sido cuando entró el presidente Castillo, sino luego de que salieran esas tres normas en distintos meses. El gobierno se comprometió a debatirlas y no hubo diálogo, a tal punto que la OIT le llamó la atención al gobierno peruano porque sacaba normas sin diálogo social.
¿No está entorpeciendo el sector empresarial medidas laborales necesarias?
– Si se hubiera quedado [en el CNT], el sector empresarial estaría legitimando normas que nunca fueron fruto del diálogo social. Prácticamente, son normas co-creadas con los sindicatos. Lo que está haciendo el gobierno es cumplir con la Agenda 19, que son 19 temas que el gobierno se comprometió con las centrales sindicales: [sueldo] mínimo vital, tercerización, sindicatos, fortalecimiento de Sunafil, retiro de AFP, entre otros puntos. Por eso lo que más está cumpliendo el gobierno de Castillo es la agenda con los sindicatos.
¿No hubiera sido mejor que el sector empresarial se quede a dialogar?
– Luego de que tres veces te dan la espalda, y la norma sindical se dio luego de que la OIT le llamara la atención al gobierno peruano, es difícil legitimar a un gobierno que saca normas que estaba debatiendo. Aquí lo clave sería que el sector empresarial retorne si es que el gobierno se compromete a que todo lo que saque va a ser previamente debatido en el CNT, como ocurría antes de este gobierno.
¿Y si el sector empresarial no quiere retomar el diálogo?
– Yo conozco gremios empresariales que sí quieren hacerlo. Hay otros que no, pero igual el Estado lo tiene que hacer. El Estado también es informal, hay unos 200 mil trabajadores en el Estado con honorarios profesionales.